describe en sus aspectos positivos y negativos la organización política de la oposición característica de los años 70
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Al inaugurarse el mandato de Ollanta Humala como Presidente de la República en el año 2011, se generó gran expectativa alrededor del enfoque de crecimiento con inclusión social que pretendía llevar adelante el nuevo gobierno. No era para menos ya que a nivel conceptual invitaba a pensar en la implementación de mecanismos efectivos de redistribución de la riqueza generada por el crecimiento económico, resolviendo brechas sociales sin poner en riesgo la dinámica del aparato productivo alcanzada años atrás. Para ello, el instrumento elegido fue el gasto social. Los déficits de calidad tanto en diseño, gestión y articulación que presentaba la política social y el limitado impacto que esta había generado en mejorar las condiciones de vida de la población permitían justificar la necesidad de hacer reformas en este campo. Mientras tanto, los recursos fiscales disponibles financiaríanlas iniciativas planteadasen profundización y optimización de los programas sociales sin poner en riesgo los equilibrios macroeconómicos logrados. El contexto era el adecuado; aunque luego de tres años los resultados observados son mixtos.
Lo positivo: planificación y diseño
Probablemente donde se han logrado los mayores y mejores avances ha sido en la reformulación del diseño de la política social en general y algunos programas sociales de forma particular. Es decir, en la parte conceptual de la reforma. A nivel de lo general, el ejemplo más concretoes la formulación de la Estrategia Nacional Incluir para Crecer diseñada desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) donde a pesar del evidente error de causalidad en el título, se establecen objetivos estratégicos claros en el enfoque de alivio y superación de la pobreza. Por ejemplo, se definen principios programáticos organizados sobre la base del ciclo de vida de los hogares vulnerables, los cuales resultan en cinco ejes fundamentales de intervención: nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, desarrollo integral del niño y el adolescente, inclusión económica y protección del adulto mayor. Además, cada uno de estos aspectos se desarrollaindividualmente bajo modelos causales que permiten identificar la multiplicidad de intervenciones que deben actuar de manera conjunta para resolver las vulnerabilidades sociales y económicas de la población excluida. Asimismo, se establecen criterios de focalización claros que van más allá de lo estrictamente monetario, a través de la definición de la Población en Proceso de Inclusión (PEPI).
Mientras tanto, a nivel de lo particular, el incremento paulatino de los programas presupuestales bajo en enfoque de Presupuesto por Resultados (PpR) fueron impulsos importantes en la modernización del gasto social. La mayor relevancia de la evidencia empírica en la formulación de políticas públicas y el interés mostrado en incluir actividades específicas de evaluación permitieron un cauto optimismo respecto a una nueva cultura en diseño y mejora continuaen losprogramas sociales. Si bien todavía este proceso es imperfecto y ha mostrado retrasos en su implementación (sobre todo en evaluaciones de impacto) a diferencia de años anteriores es posible mostrar algunos ejemplos de investigación aplicada con cierta rigurosidad técnica (pocas concluidas, algunas en proceso y muchas por realizarse) promovidas desde el Estado y que han sido parcialmente incorporadas en el proceso de planificación de la política social. Innovaciones puntuales como fueron la inclusión de componentes de estimulación temprana y acompañamiento a familias en el programa Cuna Más o la exploración de esquemas de transferencias alternativos en el Programa Juntos que motiven un mayor y mejor uso de los servicios sociales, constituyen experiencias que han seguido (o pretenden seguir) procesos de planificación serios.