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El movimiento de 1968 en México fue un movimiento social2 en el que, además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de El Colegio de México, de la Universidad Autónoma Chapingo, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad La Salle, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,3 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales en la Ciudad de México y de estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla,45 Oaxaca, Sinaloa y Veracruz,3 constituidos en el órgano director del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga (CNH). Dicho órgano creó el Pliego petitorio del CNH al Gobierno de México con demandas específicas como la libertad a presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país tras décadas del mismo partido gobernante, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la salida del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que consideraba autoritario.2
Desde sus inicios, el Estado mexicano caracterizó al movimiento como el intento de derrocar al gobierno, instaurar un pretendido régimen «comunista» como parte de un falso «Plan Subversivo de Proyección Internacional»3 y lo criminalizó,2 argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional. Por ello, fue reprimido continuamente durante el transcurso del mismo y con el fin de terminarlo, a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de México 1968, el 2 de octubre perpetró un crimen de Estado, la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, logrando disolver el movimiento en diciembre de ese año. El hecho fue cometido de manera conjunta como parte de la Operación Galeana por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la entonces llamada Policía Secreta y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el CNH. De acuerdo con lo dicho por sí mismo en 1969,6 y por Luis Echeverría Álvarez,7 el responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz.8
La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) de la Procuraduría General de la República del gobierno de México concluyó en 2006, en su Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana,2 que el movimiento estudiantil «marcó una inflexión en los tiempos políticos de México», fue «independiente, contestatario y que recurría a la resistencia civil»2 y se potenció «con las demandas libertarias y de democratización que dominaban el imaginario mundial».2 El mismo informe concluyó que durante el movimiento el gobierno mexicano aplicó «sus mecanismos de control y disuasión que solía utilizar frente a la disidencia social (...) lo caracterizó como subversivo y, en lugar de encontrar formas de atender las legítimas demandas, optó por reprimirlo y aniquilar su dirigencia y al sector que consideró más combativo».2 Para ello, recurrió a detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, la coerción de la libertad de expresión, la elaboración de una campaña de desprestigio y descrédito a través de los medios masivos de comunicación —los cuales mantenía controlados—9 y la invención y creación de materiales de comunicación falsos10 caracterizando dicha fiscalía el uso de la fuerza institucional del Estado mexicano como «criminal».11 En los hechos, fue activa la asesoría, presencia e inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del gobierno de los Estados Unidos de América1213 bajo la operación LITEMPO.1415 El número de personas asesinadas, heridas, desaparecidas y encarceladas es impreciso.
Algunas víctimas de dichas acciones intentaron caracterizar la masacre de Tlatelolco ante tribunales nacionales e internacionales como un crimen de lesa humanidad y un genocidio,161718 afirmación que fue sustentada por la fiscalía mexicana,2 pero rechazada por sus tribunales.17 También intentaron llevar a los autores materiales e intelectuales de los hechos ante la justicia.1917 En el quincuagésimo aniversario de la masacre, el gobierno mexicano reconoció los hechos como un "crimen de Estado" y constituyó una política de reparación a las víctimas.20