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El Acuerdo de San Nicolás: un hecho en perspectiva histórica
El proceso revolucionario rioplatense, iniciado en mayo de 1810 luego de la crisis de la Monarquía Hispana, dejó un panorama dispar. Si bien las Provincias Unidas en Sudamérica habían logrado declarar su independencia en 1816, los intentos por organizar políticamente esa unión fracasaron una y otra vez. Varios congresos constituyentes (1813, 1815 a 1819, 1824 a 1826) se reunieron con el objetivo de dictar una constitución que determine el nuevo orden. Sin embargo, o no lograron elaborarla o, una vez hecha, fue rechazada por uno o más integrantes de la unión que se quería cristalizar por su carácter centralista (por ejemplo, con las constituciones de 1819 y 1826).
Entre acuerdos y desacuerdos
Los motivos de estas frustraciones fueron varios. Sin embargo, entre ellos, uno de los más importantes consiste en el carácter que asumieron las formaciones estatales luego del proceso de independencia. La retroversión de la soberanía, originada en la crisis de la soberanía real, no fue asumida por “el pueblo de una nación” sino por “los pueblos”. Es decir, las distintas ciudades organizadas políticamente que existían en el viejo Virreinato.
Así, luego de la caída del Directorio en 1820, el poder central generado durante el proceso revolucionario, cada ciudad, en condición de igualdad con las otras, se volvió autónoma y comenzó a diseñar su propio Estado de dimensiones, ahora, provinciales. En poco tiempo, cada provincia dictó su constitución, elaboró diferentes símbolos como escudos y banderas, acuñaron monedas, cobraron impuestos y establecieron aduanas, además de formar sus propias fuerzas militares. De esta manera, el panorama que abrió la crisis de 1820 y que se mantuvo, aunque con fuertes turbulencias, hasta 1852 consistió en provincias autónomas que se aliaban ocasionalmente por conveniencia y objetivos comunes en una confederación. Así, por ejemplo, se formó la Liga del Interior (1830), se firmó el Pacto Federal (1831) o se organizó la Coalición del Norte (1840). Sin embargo, estas uniones no implicaban, en ningún caso, la pérdida de las atribuciones soberanas de las partes integrantes, pudiendo, a su vez, abandonar la unión cuando lo quisiesen. Tampoco la unión confederal significaba que el órgano de gobierno central tuviese jurisdicción sobre las provincias más allá de lo acordado.