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Este artículo explora si Chile puede considerarse secular bajo dos enfoques alternativos: el enfoque de «separación institucional» de Robert Audi y el reciente «enfoque de desagregación» de Cecile Laborde. Respecto del marco de Audi, se sostiene que el Estado chileno respeta el principio libertario, cumple solo parcialmente los requisitos del principio igualitario y está en deuda respecto al principio de neutralidad. Para el poder político chileno, la religiosidad y la ausencia de religiosidad no son valoradas de la misma manera. Con respecto al marco propuesto por Laborde, el Estado chileno cumple, en general, los requisitos de su secularismo mínimo. Subsisten, sin embargo, áreas problemáticas, especialmente cuando los funcionarios estatales emplean razones religiosas no accesibles en el foro legislativo, violando lo que Laborde llama el Estado justificable, y cuando el Gobierno utiliza formas de establecimiento simbólico que pueden afectar un estatus cívico igualitario, violando lo que Laborde llama el Estado inclusivo.
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