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Las reformas tributarias sobre impuestos tienes al consumo tiene a su favor una recaudación relativamente rápida y en ciertos momentos en q la sostenibilidad fiscal amerita un ajuste, una menor explicación de las élites económicas
El pasado 11 de agosto, el recién estrenado gobierno de Jimmy Morales entregó al Congreso de la República de Guatemala una iniciativa de ley con una reforma impositiva. Esa reforma ayudaría a incrementar la carga tributaria que, este año, cerrará representando 10,1% del PBI, es decir, menos de la mitad del promedio de recaudación de América Latina y el Caribe (21,7% en 2014).
El 25 de agosto, ante las mínimas probabilidades de éxito y las críticas de diversos sectores sociales, el gobierno retiraba la reforma aduciendo la necesidad de incorporar a la discusión tributaria elementos que permitieran a la sociedad comprender el destino de los recursos adicionales, así como los mecanismos para garantizar mayor transparencia y cumplimiento de resultados. Así murió la reforma.
El fracaso de la iniciativa se vincula directamente a cuatro grandes problemas de fondo que atraviesan, con distinta intensidad, buena parte de los países de la región. Se trata del tipo de impuestos que se intenta reformar, de la obtusa negativa de ciertas elites económicas a las reformas fiscales, de la estrategia de comunicación y de la carencia de una visión democrática del Estado.
Las reformas tributarias sobre impuestos al consumo tienen a su favor una recaudación relativamente rápida y, en ciertos momentos en que la sostenibilidad fiscal amerita un ajuste, una menor oposición de las elites económicas. Sin embargo, el significativo impacto que tienen sobre los ingresos disponibles de la mayoría de los hogares, así como la ampliación de la regresividad del sistema impositivo y la oposición de sectores sociales, resultan factores evidentemente negativos. En tal sentido, la propuesta del gobierno de Morales, aunque no buscaba un aumento del impuesto al valor agregado (IVA), se sustentaba en un incremento del impuesto a la distribución de combustibles, en particular, el diésel (231% de aumento). Este carburante es el más utilizado para el transporte de personas y productos comerciales, con lo cual se esperaba un incremento generalizado de precios, lo cual de inmediato alertó a la oposición de diversos sectores sociales, incluido el gremio de comerciantes.