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1) Imponer ciertos principios de competencia que todo proceso de privatización debe llevar consigo. En este sentido, las privatizaciones deben ir de la mano de la desregulación. De esta forma se intenta conseguir que el mercado estimule la economía, permitiendo un mayor crecimiento económico. Los menores costes provocados por la desregulación y por la mayor competencia incrementarán la productividad y la eficiencia de las actividades empresariales, mejorarán la calidad y diversificarán la oferta de bienes y servicios1. Por tanto, las privatizaciones pueden generar fuertes incrementos de la producción y de la productividad en los sectores y empresas públicas que estaban monopolizadas por el Estado, introduciendo incentivos para invertir y producir más y mejor como consecuencia de la competencia. Ello va a suponer un aumento de la satisfacción de los consumidores, que podrían disfrutar de más y mejores bienes y servicios. Ha sido el caso de la telefonía móvil. Por ejemplo, en Colombia, al haber varios proveedores del servicio, se ha traducido en una mejora del servicio para los usuarios y en una continua rebaja de tarifas.
2) Reducir las distorsiones económicas provocadas por las interferencias políticas en el sector público empresarial. Se trata, en definitiva, de evitar la politización de nombramientos de presidentes, consejeros y directivos de las empresas públicas. De esta forma se elimina la posibilidad de que la empresa sustituya su objetivo "natural" (maximización de beneficios) por el objetivo "político" de la maximización del número de votos para el partido político del gobierno. Se puede demostrar que en mercados competitivos o adecuadamente regulados (en el caso de "fallos del mercado") la maximización del beneficio supone, al mismo tiempo, la máxima eficiencia.
3) Disminución del déficit del Estado. Con la transferencia y prestación de servicios por parte de empresas con capital privado, los ingresos del Estado serán previsiblemente mayores, en forma de impuestos. Las privatizaciones no suponen sólo un ingreso puntual en el erario público como fruto de la venta. Efectivamente, las privatizaciones también reducen el déficit público al quedar eliminados los déficits operativos (subvenciones) que las empresas públicas con pérdidas suponen para las arcas del Estado. Si además, y tal como se ha demostrado, las empresas una vez privatizadas realizan una mejor gestión empresarial, se podrán cobrar mayores impuestos por los beneficios mayores que generan y sobre el valor añadido. Pero, además de ingresos fiscales directos, las privatizaciones generan ingresos indirectos ya que estimulan un flujo sostenido de riqueza suplementaria. Según Hausmann (cfr. Le Monde 11-II-97), este efecto se realiza de tres maneras: "en primer lugar, la privatización indica que un país desea crear un clima propicio a la inversión, lo cual atrae a su vez más inversiones ; en segundo lugar, numerosas privatizaciones engendran inversiones destinadas a modernizar la instalación y los equipos de las empresas adquiridas ; en tercer lugar, la privatización mejora a menudo la oferta de servicios básicos, tanto en calidad como en cantidad, lo que aumenta la rentabilidad del conjunto de la economía y atrae más inversiones aún". Este efecto catalizador de las privatizaciones va a permitir aumentar la actividad económica y, por tanto, los ingresos fiscales.
4) Reducción de la deuda externa e interna. Es éste uno de los objetivos principales de las privatizaciones. La existencia de beneficio en determinadas empresas públicas no es argumento suficiente para situarlas al margen de los proyectos de privatización. Siempre que el coste de la deuda pública sea superior a la tasa de rentabilidad que se obtiene de las empresas públicas, una correcta privatización supondrá una mejora en términos de financiación del sector público. O de forma más académica: privatizar para reducir deuda pública sólo tiene sentido si el ingreso obtenido por el Estado por la venta de la empresa es igual (o mayor) que el valor de los flujos de caja futuros actualizados de la empresa a privatizar. Y, en principio, los compradores sólo estarán dispuestos a pagar ese precio si esperan que el cambio de propiedad se traduzca en una gestión más eficiente de la empresa. Evidentemente, no se trata de privatizar para hacer caja, sino de modernizar el tejido productivo y mejorar la eficiencia empresarial.
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