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El estado de excepción en Ecuador, decretado el 3 de octubre por el presidente Lenín Moreno, es un mecanismo que le permite al Gobierno suspender o restringir temporalmente determinados derechos fundamentales con el fin de afrontar una situación extraordinaria, según indica la Constitución.
"Durante el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información", dispone la carta magna en sus artículos 164 al 166.
La ley fundamental también aclara que el mandatario podrá adoptar ese régimen excepcional, hasta por 60 días, "en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural".
El presidente podrá decretar la recaudación anticipada de tributos, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, trasladar la sede del Gobierno a cualquier lugar del territorio nacional y disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social.