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Pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad. Estas cuatro realidades han estado presentes desde nuestros orígenes como mexicanos con La Conquista en 1521 hasta el presente año de 2017, es decir, siempre. Pero estas cuatro realidades son causa y consecuencia a la vez de una condición constante en nuestro país que pocas veces nos atrevemos a mencionar: la injusticia social.
El término justicia social no es una mera abstracción, sino un concepto plenamente estudiado. Utilizado por primera vez por el sacerdote jesuita italiano Luigi Taparelli d`Azeglio (los jesuitas, con su larga y respetada tradición social) en el siglo XIX a raíz de los movimientos sociales surgidos por la Revolución Industrial. En 1931 es incorporado totalmente por el Papa Pío XI a la doctrina de la Iglesia Católica por medio de la Encíclica Quadragesimo Anno. Su concepto está muy bien definido por este mismo documento, que vale la pena citar: “A cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados”. Lo que nos lleva al caso de nuestro país.
La pobreza y desigualdad son realidades que vemos día con día en México, y ni en las mejores islas ubicadas en las ciudades mexicanas nos es posible escapar de ellas. Con 55.3 millones de mexicanos (46.2 por ciento de la población) en situación de pobreza, 11.4 millones de mexicanos (9.5 por ciento de la población) en situación de pobreza extrema (fuente: CONEVAL); un mísero ingreso corriente de 4 mil 367 pesos por persona por mes (fuente: ENG-INEGI); el 1 por ciento de la población recibiendo el 21 por ciento de los ingresos totales del país, con 4 mexicanos siendo dueños de 9.5 por ciento del PIB mexicano (en 2002 tenían el 2 por ciento, aumentado la concentración de la riqueza —fuente: OXFAM-México—); y por si fuera poco, la corrupción costándonos 347 mil millones de pesos en oportunidades perdidas (fuente: Transparencia Internacional), la injusticia social tiene un asiento consolidado entre nosotros. Ante estos números que sólo representan una pincelada de la realidad social, muchos se han preguntado cómo es posible que no haya un movimiento más fuerte en las calles del país. Aunque uno de ellos ha sido el combate a la corrupción, existe otro que vemos mucho pero que poco se lo atribuimos a esta realidad: la inseguridad.
Con una México en la plenitud de su juventud, un país con pocas oportunidades producto de la pobreza y desigualdad, y un mercado ilegal altamente lucrativo en las drogas, la juventud mexicana no ha tenido otra que entrar al mundo criminal y, básicamente, suicidarse. Los descabezados, desaparecidos, asesinados y un largo etcétera que suman alrededor de 30 mil desaparecidos y 200 mil muertos (¡sólo desde 2006!) han sido la válvula de escape que tiene como fondo la injusticia social. Nuestras élites tienen un papel en esto por haber sido incapaces de manejar los destinos del país con responsabilidad y visión. Es muy sencillo: con gran poder viene gran responsabilidad y debido a que el poder está sumamente concentrado en el país, las élites mexicanas tienen particularmente una gran responsabilidad… y han fallado a lo grande.
La injusticia social es la gran sanguijuela mexicana, que no sólo succiona las oportunidades para que los mexicanos vivan mejores y con más vidas humanas, y el sueño de formar una verdadera comunidad al país sólo alcanzable con altos niveles de igualdad, sino que literalmente lo hace con la sangre de sus hijos. Ante esta terrible realidad y en pleno siglo XXI, es tiempo de sobreponernos a esa parte de nuestra historia.
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