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El debate público entorno a la cuestión social, desencadenado a comienzos del siglo XX, planteó una mirada crítica sobre la situación de la infancia y la maternidad, especialmente en el caso de las madres obreras. En este contexto, los agentes médicos y sanitarios del Estado interpretaron las altas tasas de mortalidad infantil y materna como una cuestión que afectaba la posibilidad de crecimiento de la nación. En este escenario los esfuerzos políticos y médicos se enfocaron, en un primer momento, en disminuir los elevados índices de mortalidad y morbilidad que presentaba la población chilena, razón por la cual los niños y las mujeres -en tanto madres- pasaron a ser objeto de interés patriótico. De esta forma, algunas prácticas tradicionalmente utilizadas como herramientas de control de natalidad -como el aborto y el infanticidio-, la utilización de técnicas anticonceptivas poco seguras, el abandono y vagabundaje infantil, la fragilidad de la familia obrera, el problema de la ilegitimidad, el trabajo infantil y femenino, y las malas condiciones de salud de los sectores populares fueron vistas por las élites profesionales como las verdaderas causas que frenaban el desarrollo social y económico del país.
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