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En abril de 1865 -primer aniversario de la feria internacional de la aceptación del trono de México por Maximiliano-, quiso el Archiduque expedir una serie de decretos en busca de mayor popularidad que, desgraciadamente para él, produjeron el efecto contrario. Entre tales leyes se dio una de imprenta que aparentemente garantizaba la libertad de prensa, pero que estudiándola con detenimiento resultaba todo lo contrario. Dicha ley consignaba que nadie podría ser molestado por sus opiniones y que todos tenían derecho de imprimirlas y circularlas sin que hubiese necesidad de censura alguna, pero al quedar enumerados los abusos a la libertad de imprenta, se veía desaparecer a ésta como por arte de magia, ya que se consideraban faltas a la ley el atacar al Emperador o a los miembros de la casa reinante; dar noticias falsas o alarmantes; publicar algo que inquietara al pueblo y lo lanzara a la rebelión; ironizar contra las autoridades, etc. Además establecía los dos procedimientos, judicial y administrativo, que terminaban con la escasa garantía que pudiera esperarse del primero. Ese mismo dia Maximiliano puso en libertad a varios periodistas que habían atacado las iniquidades cometidas por las cortes marciales, no sin antes consultarlo y quizá suplicarlo al mariscal Bazaine.
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