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El día 11 de octubre, el artículo de la periodista Kawther Salam llamado: UNRWA in the Focus of Accusation1 daba cuenta de que la prensa palestina2 había informado sobre la renuncia del señor Ramadan Al-Omarí a la Contraloría General de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), después de haber servido durante más de treinta años en su cargo.
El artículo publicó una carta de Ramadán Al-Omarí, en la que expuso los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. Entre acusaciones de mala utilización de los fondos y de poca transparencia en la decisión de los gastos3 hay una acusación más concreta: "La mayoría de ese dinero ha ido a los consultores que trabajan en el UNRWA y para el empleo de más de 15 funcionarios internacionales que no eran necesarios, cada uno de ellos contratados con un salario de no menos de cien mil dólares (US$ 100.000) al año”. A esto agregó: "nos imponen un personal internacional que no necesitamos".
A la carta de Al-Omarí4 siguió una respuesta de Karen Koning Denies, Comisionada General de UNRWA, en la que negaba las acusaciones y a la que, por cierto, siguió una nueva carta de Al-Omarí . No obstante, más allá de esta polémica, las acusaciones dan pie para reflexionar sobre la legitimidad de la contratación de personal internacional, cuando una contratación local podría haber sido más efectiva y beneficiosa. También permiten reflexionar sobre la importancia de privilegiar la inversión en las capacidades locales para aportar al desarrollo de las zonas en las que se brinda ayuda.
La contratación de personal externo, cuando no es estrictamente necesario, si en la zona existen capacidades locales para realizar dichas labores, es un despropósito. Las razones para afirmar esto son múltiples, algunas más evidentes que otras, pero finalmente responden a un tácito acuerdo común entre los actores humanitarios sobre la importancia de incrementar los beneficios y disminuir el daño que el impacto de la ayuda humanitaria puede causar en las zonas en crisis.