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La acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia fue reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, como un derecho de todas las personas para que en “todo momento o lugar”, puedan reclamar la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, mediante un proceso que es preferente y sumario.
Esto permite explicar por qué la acción de tutela ha estado exceptuada de las suspensiones de términos durante la emergencia sanitaria.
¿Para qué sirve la acción de tutela y cuál ha sido su dificultad práctica?
En teoría su única finalidad es proteger derechos fundamentales definidos en la Constitución Política. No obstante, en la práctica vemos que se ha sido utilizado como caballo de batalla para satisfacer cualquier tipo de interés. En tiempos de pandemia donde los juzgados estuvieron cerrados por más de 3 meses, esta situación fue recurrente y las personas encontraron en el trámite de la tutela la única posibilidad de reclamar cualquier tipo de derecho sin importar si es o no de los llamados fundamentales.
¿Cómo es el trámite de la tutela?
El trámite debe ser rápido y preferente, no se preocupa por formalismos y en ese sentido se aparta de casi todas las reglas que aplican a los demás procesos previstos en la Ley.
Una muestra de la falta de formalidad es que no requiere de la intervención de un abogado, e incluso, se ha dicho por la Corte Constitucional que no se debe citar la norma Constitucional transgredida y basta con que se logre determinar el derecho violado.