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Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de
protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos
derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar fundamental. En la
misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas
acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha
expresado su ambición de mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y de
conseguir este objetivo de progreso con una armonización paulatina de esas
condiciones en los diferentes países europeos.
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