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La incursión en nuestras vidas de la COVID-19 y el estado de alarma que se decretó en marzo de 2020 fue un varapalo que nos cogió a todos desprevenidos.
El sector primario (agricultores y ganaderos) se encontraba en aquel momento sumido en unas movilizaciones para reivindicar precios justos a lo largo de la cadena alimentaria. Sin embargo, de la noche a la mañana, retiraron sus tractores de las calles para responder a la mayor presión que había experimentado la cadena agroalimentaria en las últimas décadas.
Los consumidores, por su parte, respondieron al estado de alarma, primero con compras de pánico, haciendo acopio de alimentos básicos no perecederos. Pasaron después a adquirir productos más vinculados al ocio, como snacks, bebidas alcohólicas o productos de repostería (harina y levadura).
Algunos estudios, como el llevado a cabo por la consultora Kantar, pusieron de manifiesto que las compras de productos de gran consumo se incrementaron un 21 % en la semana de la declaración del estado de alarma.