Respuestas
Respuesta:
Con la pérdida del control legislativo del partido oficialista en las elecciones del domingo, inversores en los mercados financieros y en el sector privado respiran con un poco de alivio. Aún con el apoyo de sus partidos aliados, Morena no podrá revertir leyes constitucionales como las que ha intentado pasar para limitar a empresas privadas en favor de las estatales. Ahora, con los resultados de la elección ya asimilándose en México, el foco está en la esperada reforma fiscal y los problemas del mercado laboral heredados de la pandemia.
El peso mexicano se apreció levemente lunes y martes contra el dólar, impulsado en parte por los resultados electorales y en parte por un debilitamiento generalizado de la moneda estadounidense en los mercados globales. “Con una mayoría más pequeña en el Congreso para la alianza encabezada por Morena, intentar pasar una reforma constitucional será mucho más difícil”, dijo Charles Seville, analista a cargo de la calificación de deuda soberana de México en Fitch Ratings, “esto a su vez reducirá las opciones para lograr algunas de las reformas más controvertidas del presidente, en particular las propuestas recientes que afectan a la energía”.
MÁS INFORMACIÓN
El desplome en Ciudad de México marca el futuro de Morena
Morena pierde la mayoría absoluta, pero mantiene el control del Congreso con sus socios
López Obrador y legisladores de su partido, Morena, han pasado iniciativas de ley en materia de hidrocarburos y electricidad que limitan la participación privada, efectivamente otorgando una ventaja en el mercado a las empresas del Estado. Ambas han sido frenadas desde las cortes por ser inconstitucionales, por lo que la única manera de lograr estos cambios sería reformar la Constitución. Para lograr esto, Morena y sus partidos aliados necesitan una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes, con la cual no contará en la nueva legislatura. Además, se necesitaría la aprobación del Senado y una mayoría en Congresos locales.
Las iniciativas que se han gestado en el partido oficialista incluyen además cambios que restarían poder a los reguladores del sector privado, como el de telecomunicaciones y en materia de competencia económica, así como una controvertida reforma a la Ley del Banco de México que obligaría al Banco Central a captar dólares en efectivo de bancos nacionales, efectivamente exponiéndolo al riesgo de lavado de dinero. Estas iniciativas también requerirían reformas constitucionales. Estas, junto con la cancelación de grandes proyectos de infraestructura tanto públicos como privados, han generado incertidumbre, acelerado una salida de capitales y una baja en la inversión en el país. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reportó el lunes que la inversión fija, como ancla de crecimiento económico, alcanzó un máximo a mediados de 2018, se desplomó con el confinamiento y ha tenido ahora una recuperación parcial. En marzo subió un 1,7% por encima de la cifra vista en el mismo mes el año pasado, pero permanece un 15% por debajo de julio de 2018, antes de que López Obrador tomara el poder.
Recaudar más impuestos
La reconfiguración del poder en México abre nuevas posibilidades y la primera gran prueba va a ser la negociación del paquete presupuestal para 2022, que se va a negociar a partir de septiembre, dice Víctor Gómez, analista de mercados y profesor de macroeconomía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). “La atención más importante del mercado gira en torno a la reforma fiscal, que hemos visto ya, por ejemplo, en el caso de Colombia, lo complicado que es desde muchos ángulos el proceso de aprobación y rechazo”. En el país sudamericano, la propuesta de reorganizar el gasto y subir impuestos detonó violentas protestas que hasta la fecha no cesan. “México va a entrar a esa discusión en septiembre, con una cámara mucho más plural, con un contrapeso mucho más fuerte de la oposición”, apunta Gómez.
En mayo, López Obrador admitió que se necesitará una reforma fiscal para lograr más presupuesto. La tasa de desempleo oficial, aun cuando no mide el crecimiento de la fuerza laboral informal, subió del 3,4% al 4,4% en el primer trimestre del año, según datos del Inegi. La economía, antes de la pandemia, ya era un 57% informal y la falta de apoyos a empresas pequeñas durante 2020 impidió que esa población económicamente activa se incorporara al sistema de impuestos, por lo que ahora, cuando el Gobierno busca recaudar más, no tendrá manera fácil de hacerlo. “El tema del mercado laboral es el que te conecta todas las ramas y es un punto pendiente en la agenda económica a la que ha estado muy desatendido”, asegura Gómez.
Menos empleo formal
Explicación: