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n la década de los 90, el Gobierno colombiano implementa una serie de reformas económicas dirigidas a liberalizar los mercados y aumentar su eficiencia. Desde entonces, diversos analistas y políticos se refieren a ellas como las reformas neoliberales. De forma similar, afirman que desde los 90 Colombia sigue un modelo de desarrollo neoliberal.
En general, son los críticos del sistema quienes utilizan el término neoliberal. Algunos afirman que este modelo aumenta las diferencias sociales y, en general, va abiertamente en contra de los pobres. Uno de los trinos del senador Robledo ilustra claramente esta posición: “Si las políticas neoliberales llevan 20 años destruyendo a Colombia, ¿no es una gran propuesta plantear que no se insista más en ellas?”.
Estas críticas no suelen estar acompañadas de evidencias que apoyen las afirmaciones apocalípticas acerca de las consecuencias del modelo de desarrollo colombiano. En este orden de ideas, una mirada a los indicadores económicos y sociales desde la implantación del llamado modelo neoliberal puede arrojar luz sobre el debate.
En el ámbito macroeconómico, el ingreso per cápita del 2010, medido por paridad de poder adquisitivo es 2,22 veces el de 1990, y la inflación pasa de 32 por ciento en 1990 a 3,17 por ciento en el 2000.
En lo referente a la pobreza, los diferentes indicadores mejoran de manera sensible en este periodo. Por ejemplo, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas pasa de 42 por ciento en 1985 a 27,7 por ciento en el 2005. Asimismo, los indicadores de salud y educación mejoraron sensiblemente entre 1992 y el 2008: la tasa de alfabetización de adultos pasa del 81 por ciento a 93 por ciento, la inscripción de estudiantes en primaria pasa de 79 por ciento a 93 por ciento, en secundaria de 60,8 por ciento a 97,6 por ciento, la tasa de mortalidad infantil cae de 31 por ciento a 18,9 por ciento, el porcentaje de personas con acceso a instalaciones sanitarias pasa de 69 por ciento a 77 por ciento.
En resumen, una mirada general a las cifras indica que el modelo de desarrollo adoptado hace 20 años no está destruyendo a Colombia, y tampoco ha aumentado la desprotección de las clases menos favorecidas. Por el contrario, el progreso económico y social del país es innegable.
A pesar de lo anterior, hay áreas en las cuales los avances han sido pequeños o inexistentes. Por ejemplo, los indicadores de distribución regional del ingreso no han mejorado en las últimas décadas. No hay convergencia en ingresos, tasas de pobreza ni cobertura de la educación. Con contadas excepciones, las regiones más atrasadas no crecen rápidamente y los efectos de los programas sociales son más fuertes en las áreas más ricas.
En este orden de ideas, el debate debería centrarse sobre los mecanismos para reducir desigualdades regionales, integrar los mercados de bienes e insumos a nivel nacional y aumentar la eficacia de los programas sociales en las regiones más pobres.
Seguramente hay otras cosas que se deben mejorar y muchas medidas de política se deben revisar. Pero, para avanzar en esta dirección es necesario señalar problemas y políticas puntuales y sustentar las críticas con cifras.