Respuestas
Respuesta:
Todas las operaciones militares o policiales, independientemente del nombre que lleven y de las
fuerzas que participen en ellas, tienen lugar dentro del marco jurídico del derecho internacional (en
particular, el derecho de los conflictos armados y/o el derecho de los derechos humanos) y de la
legislación nacional.
Explicación:
1.1. Derecho internacional
público y legislación nacional
El derecho internacional público rige las relaciones entre los Estados, entre los Estados
y las organizaciones internacionales, y entre las
propias organizaciones internacionales. Ayuda
a mantener una sociedad internacional viable.
En lo que respecta a los conflictos armados,
existe una distinción entre el jus ad bellum o
el derecho que prohíbe la guerra, consagrado
en la Carta de las Naciones Unidas, en la que
se prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones
entre los Estados salvo en defensa propia o por
razones vinculadas con la seguridad colectiva, y
el jus in bello o derecho aplicable en tiempo
de conflicto armado (véase la sección 3). El jus
in bello no se pronuncia acerca de los motivos
del uso de la fuerza.
Hay diferentes tipos de sujetos de derecho
internacional o entidades que asumen derechos y obligaciones en el marco de este sistema
jurídico. En relación con la cuestión del uso de la
fuerza, el Estado, definido como una entidad
soberana formada por una población, un territorio y una estructura de gobierno, es, desde
luego, un importante titular de derechos y de
obligaciones en el derecho internacional. Por lo
tanto, es responsable de los actos de sus funcionarios, sea que actúen a título oficial o como
agentes de facto. Los grupos insurgentes y los
movimientos de liberación también tienen
obligaciones conforme al derecho internacional,
en particular en el marco del derecho de los
conflictos armados.
En el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se enuncian las fuentes del
derecho internacional: las convenciones o
tratados internacionales, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, los principios
generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, y “las decisiones judiciales y
las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio
auxiliar para la determinación de las reglas de
derecho”.
La legislación nacional debe ser conforme a las obligaciones internacionales de un
Estado. La legislación nacional de los Estados
determina los efectos de los tratados en sus
respectivas jurisdicciones. En muchos casos,
los Estados sencillamente dejan que los tratados
funcionen como leyes. En otros, para que los
tratados surtan efecto hace falta adaptarlos y
transformarlos en leyes internas.