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Respuesta:
La crisis sanitaria causada por la COVID-19 llegó a Argentina en un momento de
fragilidad económica y social. El Gobierno se encontraba en proceso de renegociar
su deuda pública, que alcanzó niveles insostenibles1; el país enfrenta serias
dificultades para cumplir con el pago de sus deudas como había sido acordado.
Esto ocurre en un contexto de crecimiento económico negativo2 y un alto nivel
de inflación –con una variación interanual del 50,3 por ciento registrada en
febrero de 2020 (INDEC, 2020)–, que introduce presión a las empresas, sobre
todo a las pymes. Como resultado, el mercado de trabajo ya está debilitado con
una tasa de desempleo alta, en particular entre los jóvenes, sumado a una alta
informalidad de la economía, lo cual genera empleo precario para una gran
parte de la población.
Un estudio reciente muestra que son ligeramente más los hombres afectados por
la COVID-19. Sin embargo, las mujeres tienen la mayor carga en la disrupción
socioeconómica (Paskin, 2020). Esto se debe a su sobrerrepresentación en
actividades profesionales en servicios y porque ellas hacen frente en mayor
parte a las responsabilidades de cuidado familiares.
Además, en el contexto actual, los trabajadores y las trabajadoras de la salud
–mayoritariamente mujeres–, que ya exhibían condiciones de vulnerabilidad
antes de la crisis, experimentan el deterioro de su situación laboral, lo que
merece un análisis en mayor profundidad.
Las políticas de respuesta tomadas ante la crisis por el Gobierno argentino y
por otras naciones con las que mantiene vínculos comerciales tuvieron como
consecuencia el actual freno de gran parte de las actividades profesionales. Esto
ocasionó una fuerte caída comercial3 que afecta a todas las cadenas de valor
de la producción. Esas medidas, junto con la incertidumbre sobre el fin de esta
crisis, impactarán fuertemente sobre la economía nacional.
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