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Son acciones dirigidas a reducir prácticas de discriminación en contra de colectivos excluidos y marginados. Su función es la de corregir una desigualdad. En el caso de las mujeres, la mitad de la población, se prevén acciones para intentar corregir esa situación.
Uno de los mayores ejemplos y el más cotidiano que podemos ver es la disparidad salarial, lo que conocemos como brecha salarial, es decir, la diferencia de lo que cobra una mujer y un hombre por realizar el mismo trabajo. Muchas veces no va en el sueldo base sino en los complementos que se añaden. Los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) reconocen que en España el 20% de las mujeres cobran menos que los hombres. Esto impide que esas mujeres se desarrollen en igualdad de condiciones en la sociedad porque si tú cobras menos, tienes menos posibilidades de tener mejores condiciones de vida. A la larga también repercute en su jubilación.
No podemos llamar privilegio a algo que consiste en cobrar igual. No podemos llamar privilegio a algo que fomenta la igualdad de oportunidades porque no todo el mundo parte de la misma posición. Si tú aplicas una política, tienes que dar una igualdad de condiciones. Siempre pongo el ejemplo de dos personas que no pueden ver qué ocurre tras un muro de un metro de altura. Si yo le doy a cada uno un banco de 30 cm para que se suban, puedo pensar que estoy siendo igualitaria pero cometo el error de no contemplar de antemano una desigualdad de partida puesto que cada persona tiene una diferente altura. Si una mide 1,85 cm y otra 1,50 cm, para que las dos lleguen al mismo fin -que es ver por encima del mundo- tendría que dar un banco más alto a la segunda persona. Esto no es discriminar sino dar las mismas oportunidades y que las dos personas lleguen al mismo objetivo. Su punto de partida es desigual. Si los datos estadísticos nos dicen que la mujer está en una situación de inferioridad en el mercado laboral y con condiciones laborales peores, significa que tenemos que corregir esa situación.
El problema no son las cuotas. El problema es que existe una posición histórica de desigualdad de la mujer en el marco laboral y otros muchos. El problema es el machismo y una estructura patriarcal. Las cuotas no son un factor de discriminación. El propio Tribunal Constitucional en España se manifestó a favor del establecimiento de cuotas señalando que no vulnera el artículo 14 de nuestra Constitución y el cumplimiento de que no haya discriminación en cuanto a sexos porque precisamente va a corregir una situación de desigualdad.
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