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La adquisición de las virtudes cívicas requiere de un proceso educativo desde la infancia; así, los niños y adolescentes aprenderán gradualmente a criticar, a discutir, a escuchar a otros, a votar y a participar en debates, a contener sus impulsos, cambiar de opinión, implementar reglas en sus juegos y en otros ámbitos, a respetar a otros como iguales, a adquirir individualidad y autonomía. Las campañas políticas no son el único ámbito o el único origen para el surgimiento de virtudes públicas: el ámbito de lo privado también es fuente de preparación para los deberes públicos.
Rodolfo Vázquez establece la derivación de tres virtudes a partir de tres principios normativos que analiza. Del principio de autonomía, se deriva la responsabilidad. Del principio de dignidad, se deriva el valor de la tolerancia. Del principio de igualdad, se deriva la virtud de la solidaridad.
La responsabilidad es la primera consigna de la educación para la libertad. Formar personas responsables quiere decir que éstas no necesiten la norma escrita o el precepto para desenvolverse. Las personas responsables piensan por sí mismas y son capaces de explicar por qué actúan como actúan. Es decir, son autónomas, capaces de elegir libremente y responder por ellas. Y, como si estuvieran frente a un espejo, mirándose una a la otra: autonomía elige, responsabilidad se hace cargo de las elecciones.
En el nivel de educación básica no es posible que el individuo tenga desarrollada suficientemente su autonomía para ejercer la responsabilidad total de todos sus actos. Pero esta incompetencia es temporal y hace necesario considerar que la educación la vaya madurando gradualmente, e ir estableciendo los nexos entre obligaciones-responsabilidades-compromisos.
Las convicciones firmes que se hacen necesarias pueden fundamentarse desde una concepción objetivista de la moral, fincadas en la veracidad, dirigida por principios normativos imparciales e universales. El absolutismo sólo llevará a la sumisión y el escepticismo a la indiferencia.
Para que todo esto se dé, se hace necesario un sistema deliberativo público que garantice prácticas transparentes para poder llegar a la discusión. La educación democrática exige que el proceso de reproducción social sea consciente y responsable, posible de ser evaluado, criticado y cambiado.
La responsabilidad del educador es pública. Él se encuentra sometido a prejuicios, como los que señala Victoria Camps : educar no es sólo instruir, la transmisión de certezas y maneras de ser son momentos que el alumno vive en la escuela, mientras adquiere hábitos y comportamientos, no reciben sólo conocimientos, teorías e instrucción. También aprende la convivencia, a aceptar fracasos, a renunciar, en una palabra, forma su “carácter”. La educación siempre toma una posición en cuanto a los valores que inculca, pero esto no debe significar que debe ser dogmática y cerrada.
La imparcialidad implica tolerancia y ésta es fundamental en una enseñanza democrática.
Un sujeto es tolerante si cuando ve lesionado su sistema personal de valores tiene el poder de suprimir lo que le es lesivo. Por supuesto, lo que se tolera debe ser controlable ya que pueden existir circunstancias o hechos que sólo pueden ser soportados. Además, lo que se tolera debe ser aceptado por las reglas de la sociedad, aunque no debe confundirse con paciencia, que actúa con la esperanza de la transitoriedad de la circunstancia, ni tampoco, con la indiferencia que está carente de elementos para rechazar la acción. Tampoco se puede confundir la tolerancia con la resignación ya que el resignado carece de competencia, es decir, que la tolerancia no debe confundirse con neutralidad.
Para que se dé la intolerancia no es necesario tan sólo el constatar que el otro es distinto, la diferencia será rechazada cuando exista una relación de superioridad-inferioridad e históricamente así se han ido justificando todas las discriminaciones del pasado.
¿Cuál es el límite de la tolerancia? Los derechos universales. “La democracia es nuestro subsuelo, y un subsuelo que no hay que abandonar” .
Una condición de la justicia es el valor de la solidaridad que se justifica por el principio de igualdad que, partiendo del reconocimiento de las necesidades básicas comunes, toma conciencia de los derechos individuales. Justicia y solidaridad se complementan. La solidaridad se puede decir que es una actitud particular y la justicia es una ley general, pero la primera se materializa en la segunda, aunque hay acciones que no son exigidas por la justicia pero sí por el reconocimiento del otro como un igual.
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