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EL triunfo liberal de 1930, que llevó al poder un partido ávido de mundo y de influencia, planteó en forma rápida la necesidad de una reforma constitucional. El liberalismo se sentía identificado con las corrientes renovadoras que habían triunfado en otras regiones del mundo, como la revolución mexicana, la república española o incluso el New Deal de Franklin D. Roosevelt. La Constitución de 1886 aparecía como una carta teocrática, apta para una república rural, atrasada y tradicionalista. La crisis económica de 1929 y los graves conflictos rurales y obreros de la década del veinte parecían exigir nuevos instrumentos legales. El liberalismo planteaba, como respuesta a los desafíos, un programa de Estado intervencionista, capaz de orientar la vida económica y de colocarse como árbitro en los conflictos entre las distintas clases sociales.
riza (José Mar), propuso una Constitución que acogiera las aspiraciones de sectores sindicales y amigos del socialismo; entre tanto, los conservadores comenzaron a denunciar las propuestas como parte de un proyecto liberal, masónico y socialista para destruir la religión y las bases del orden político. El gobierno mantuvo una posición moderada, tratando de subrayar la perspectiva liberal y no socialista de su proyecto, y el carácter modernizador pero no antireligioso de sus propuestas. Esto no fue fácil, y el joven ministro de Gobierno Alberto Lleras Camargo, así como el ministro de Educación Darío Echandía, tuvieron que enfrentar una situación muchas veces explosiva.
La Iglesia estuvo entre los grupos más opuestos a algunas de las medidas aprobadas en el Congreso. Cuando, a comienzos de 1936, la Cámara, después de suprimir el artículo que daba reconocimiento explícito al carácter mayoritario de la religión católica, decidió hablar de "orden moral" en vez de "moral cristiana", la jerarquía expidió una declaración desafiante contra "la obra demoledora" del régimen liberal, que pretendía establecer la libertad de cultos y de conciencia, junto con otras medidas igualmente inaceptables. La Iglesia anunciaba que si se aprobaba la Constitución, "ni nosotros, ni nuestro clero, ni nuestro fieles, permaneceremos inermes y pasivos". En forma simultánea el Directorio Nacional Conservador invitó a sus seguidores a la desobediencia contra una Constitución y unas leyes injustas.
A pesar de todo, la Constitución fue aprobada, aunque después de modificar muchas de las medidas que tropezaron con mayor oposición. Se dio gran significación a la declaración de la propiedad como "una función social que impone obligaciones", así como las modificaciones en el régimen de expropiaciones. En la práctica, no fueron muchos los efectos de estas normas, pues sus aspectos más novedosos nunca se desarrollaron. De mayor significación fue el reconocimiento del papel del Estado en la orientación y "racionalización" de la economía, así como los avances sociales y políticos aprobados: el reconocimiento del derecho de huelga y del derecho de las mujeres a ocupar empleos en la administración; el establecimiento del sufragio universal, sin restricciones de riqueza o alfabetismo y la incorporación de la libertad de conciencia en la Constitución. No fue una revolución, pues no era esto lo que querían sus principales promotores, Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras y Darío Echandía: lo que buscaban era adecuar el liberalismo a un país en desarrollo, y si no lo lograron del todo fue porque su mismo partido resultó demasiado tímido.