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No es sólo Maduro quien ha impedido que la ONU ausculte la situación de Venezuela de primera mano; Estados con poder de veto en su seno han hecho imposible que la organización ponga el dedo en la llaga y proponga curas.
La Organización de las Naciones Unidas no ha ignorado la crisis política, institucional, económica, social, alimentaria y sanitaria que azota a Venezuela, aunque muchos de sus habitantes así lo perciban. Pero es un hecho que sus funcionarios han fracasado al intentar verificar la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos que se le atribuyen al hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro, o la magnitud de las estrecheces padecidas por sus compatriotas debido a la corrupción y la anomia que han prosperado durante su mandato.
En 2017, cuando Estados Unidos convocó a una reunión informal en el órgano más influyente de las Naciones Unidas para analizar la violencia con que el régimen chavista había respondido a las protestas masivas en su contra y perseguido a sus adversarios políticos, varios Gobiernos la boicotearon alegando que el Consejo de Seguridad no era el lugar indicado para discutir el conflicto interno de Venezuela. Según Rusia y China, dos de sus miembros permanentes con poder de veto, el asunto no representaba un peligro para la paz en América.
En dos ocasiones diferentes, el comisionado saliente de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Husein, propuso enviar observadores a Venezuela con miras a auscultar su situación y presentar públicamente los diagnósticos resultantes, pero esas mociones se vieron frustradas por falta de respaldo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estos y otros antecedentes han empañado la imagen de la organización fundada el 24 de octubre de 1945, al menos en lo que concierne a la cuestión venezolana.