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El plan del gobierno militar hacia los medios de comunicación fue el de expropiarlos y dárselos a otras instituciones. En el caso de la prensa, la gestión de los periódicos fue a parar a sectores sociales organizados; la publicidad estuvo sujeta a normas de control sin precedente. En tanto a la radio y la televisión, la Ley de Telecomunicaciones de 1971 le dio potestad al Estado para participar en la producción y supervisión de contenido por lo que estos medios tuvieron que tuvieron que dar espacio a la presencia del Estado y la programación cultural y educativa que este promovía. A diferencia de otros gobiernos militares en la región, Velasco no buscó crear su propio órgano de expresión, sino que prefirió transformar el sistema y poner a los medios a trabajar a su servicio. Si bien la intervención Estatal en los medios tuvo gran alcance, en la práctica el gobierno concentró su influencia en la prensa escrita, nacionalizando las telecomunicaciones y encargando su administración a empresas públicas.
En 1974, se confiscaron los medios de comunicación. Así, a la clausura de los diarios Expreso, Extra, la revista Caretas y las radioemisoras Radio Noticias y Radio Continente, se sumó la presión a los canales de televisión privados para que vendieran el 51% de sus acciones al Estado (1971). Asimismo, en julio del mismo año se expropiaron los periódicos La Prensa, El Comercio, Última Hora, Ojo por medio del Decreto-Ley Nº 20681.