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Todo empezó con intentos de desalojo de cuatro familias en el barrio palestino Sheij Jarrah, en Jerusalén oriental. Desde 1948, la división de Jerusalén implicó que los palestinos que vivían en el oeste y los judíos que vivían en el este tuvieran que abandonar sus casas, pero dos nuevas leyes, la Ley de Propiedad de Ausentes y la de Asuntos Legales y Administrativos, ratificadas por la justicia israelí, les da a los judíos el derecho a reclamar antiguas propiedades en el barrio árabe, derecho de reclamación que no se les brinda equitativamente a los palestinos que tuvieran propiedades en el actual barrio judío.
Por cierto, dicha ley aún se encuentra bajo apelación ante el tribunal constitucional de Israel, pero no esperaron por su resultado. Las piedras, el agua apestosa y la represión no esperaron ni a que se decidiera la apelación, ni que el sagrado mes musulmán de ramadán terminara: la Policía israelí llegó a la mezquita de Al Aqsa y atacó a los fieles musulmanes en su celebración.
Esos dos hechos fueron el preámbulo del conflicto actual entre palestinos e israelíes, un conflicto que podría convertirse en una guerra a gran escala e incluso involucrar a otros Estados. Y el conflicto de propiedades en Sheij Jarrah simboliza un objetivo estratégico de Israel: quiere hacer que Jerusalén sea más judía, porque Israel considera toda la ciudad como su capital, aunque eso no sea aceptado por la mayor parte de la comunidad internacional, pero sí por Estados Unidos desde el gobierno de Donald Trump, que sí la reconoció.
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