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Según estudios de la OCDE sobre gobernanza pública, hay una característica común en América Latina y el Caribe: la desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas. Tristemente ( salvo contadas excepciones) la “corrupción” es uno de los pocos fenómenos que integró a los países del continente en los últimos años.
La experiencia demuestra que para combatir la corrupción es esencial un sistema de integridad público sólido y transversal, que comprometa al sector privado y a la sociedad en su conjunto.
Este “Sistema Público de Integridad ” debe contar con:
la “coordinación” de los diferentes actores que componen la administración nacional ;
lograr la “continuidad” de las políticas de integridad a largo tiempo y
que la “implementación efectiva” sea permeable a todo el sector público , a nivel nacional como subnacional.
La integridad en la administración pública debe ser vista como “inspirador de confianza”, para lograr resultados positivos.
La sugerencia de la OCDE sobre “integridad pública” es lograr una “visión estratégica”.
Que sea efectivo y no sólo un protocolo sin uso.
Es imprescindible modificar políticas de integridad reactivas, por políticas proactivas y utilizar un enfoque conductual y basado en riesgos.
Promover una cultura de integridad en toda la sociedad es la base para el cambio de “modelo” en la región.
Algunas de las recomendaciones claves de la OCDE sobre este tema son :
Instaurar mecanismos de diálogo entre los agentes clave del sistema de integridad del país (reuniones donde puedan intercambiar información, prácticas y coordinar en conjunto políticas de integridad en todo el gobierno). Que tenga asistencia de una unidad técnica con autonomía administrativa-financiera ( presupuesto necesario para llevar a cabo su trabajo).
Promover la continuidad en las políticas de integridad, aclarándose los protocolos de transición cuando se produzcan cambios en el gobierno.
Implementar una unidad o persona dedicada a la prevención de la corrupción, la promoción de la cultura de integridad organizacional y la promoción de un análisis de riesgos de corrupción y planes de acción.
Incluir el tema de integridad en los planes sectoriales y organizacionales.
Establecer mecanismos de coordinación vertical para involucrar a los gobiernos subnacionales en el diseño de políticas de integridad .
Designar a una persona a nivel subnacional con la responsabilidad de aplicar y adaptar las políticas de integridad a la realidad.
Hacer diagnóstico de los riesgos de corrupción en el gobierno local.
Reforzar adecuadamente los equipos de auditoria interna a nivel subnacional para garantizar un grado de independencia suficiente.
Promover un sector público profesional, basado en méritos, que logre garantizar la responsabilidad y ética del servicio público . La meritocracia reduce la corrupción impidiendo prácticas de nepotismo y patronazgo.
Transparencia y participación de los diferentes actores en todos los procesos políticos y en la elaboración, decisión e implementación de las políticas públicas. La ausencia de un sistema eficaz de regulación y control al financiamiento de la política refuerza desigualdades existentes, promoviendo la falta de transparencia, facilitando la captura de políticas e impidiendo la rendición de cuentas.
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