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Terminó el mes de febrero y el anunciado informe preliminar de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios no ha sido publicado.
De acuerdo al Ministerio de Hacienda, el reporte de este grupo de expertos, instalada en agosto del año pasado, constituirá un importante insumo a raíz de “reflexiones, análisis y puntos de vista que nos van a ayudar mucho a construir el Estatuto Tributario”.
Las expectativas por la publicación de estas primeras “reflexiones” son altas ya que los expertos nacionales e internacionales han evaluado los beneficios y exenciones tributarias que hoy suman 92,4 billones de pesos, el 8,7 por ciento del PIB.
Estas recomendaciones, que se darán a conocer en cualquier momento, si bien preliminares son importantes por varias razones. La primera es que marcarán un rumbo sobre hacia dónde podría conducir el Gobierno Nacional sus iniciativas de cambio en la llamada reforma “fiscal y social”.
En lo corrido de este 2021 el equipo económico del Gobierno empezó a dar algunas puntadas sobre el diseño de la esperada reforma tributaria. La administración Duque buscaría, según estas declaraciones iniciales, recaudar unos 15 billones de pesos vía, entre otras medidas, un aumento del IVA a los estratos cinco y seis y a más productos así como a las pensiones altas.
Una segunda razón es que la publicación de esas recomendaciones constituye un hito en la línea de tiempo para la definición y la presentación del proyecto de reforma tributaria al Congreso. Ya con esas líneas generales en el dominio público, el tiempo para la radicación ante el Legislativo empieza a contar.
La espera por la tributaria ha asimismo desatado reacciones desde distintos sectores económico y políticos. Dirigentes gremiales y líderes empresariales han manifestado que, si bien entienden la necesidad del Gobierno de cuadrar las arcas públicas tras los gastos de la pandemia, las alzas de impuestos deberían cobrarse a quienes hoy no se encuentran contribuyendo.
Crecen las voces que cuestionan que una nueva reforma tributaria, la tercera del gobierno Duque, se tramite en momentos en que muchos sectores productivos aún luchan por sobrevivir el severo impacto de la crisis económica.
Si bien la narrativa de la reapertura de la economía ha sido desplegada por el Gobierno desde el tercer trimestre del año pasado, muchas empresas y actividades económicas apenas hasta hace pocos meses, sin contar el “bache” de enero, están experimentando una recuperación sostenible.
La Casa de Nariño ha empaquetado su reforma tributaria con unos componentes “sociales”, en especial la compensación del IVA a los hogares más vulnerables. Sin negar los positivos impactos redistributivos de esas medidas, el corazón del debate estará en el IVA, la renta y demás alzas, en cuya definición influirán las recomendaciones preliminares de la Comisión.
Un aspecto final, que no se puede obviar, es el impacto político tanto en la favorabilidad presidencial como en la dinámica de la campaña del 2022. El haber empezado a discutir la reforma tributaria antes, por ejemplo, de vacunar al primer colombiano y en medio del segundo pico de contagios, envió señales confusas no solo a la ciudadanía sino también a los sectores empresariales.
Esta espera, tanto por las recomendaciones de la Comisión como por el texto del proyecto de ley en sí, no debe ser tan larga. Mientras más pronto se conozcan detalles finales del alza en los impuestos y de los programas sociales, más tiempo tendrá el Gobierno para ambientar y buscar apoyo para la difícil discusión.