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El siglo XX presentó varios hitos en la lucha por los derechos de la mujer en Colombia. En los años veinte hubo un movimiento feminista encaminado a obtener igualdad de condiciones civiles, encabezado por Georgina Fletcher y Ofelia Uribe. La primera era una española radicada en Colombia; la segunda, una periodista y política colombiana. El movimiento se tradujo en el gobierno de Olaya Herrera en la ley 28 de 1932, que le da el derecho a la mujer de administrar sus propios bienes.
En cuanto a la educación, un par de decretos cambiaron la situación de las mujeres. El decreto 227 de 1933 les permitió el acceso al bachillerato normal y el decreto 1972 de 1933 reconoció su acceso a la universidad. Esto no significó necesariamente un cambio en las prácticas laborales: las mujeres siguieron relegadas a los oficios ligados al cuidado doméstico. Tres años después, en 1936, el presidente López Pumarejo incluyó en su reforma constitucional una cláusula que autorizaba a la mujer a desempeñarse en cargos públicos. Sin embargo, esto tampoco significó una entrada masiva de mujeres a la administración pública.
A pesar de estos avances, solo hasta 1957 se les concedió el derecho al voto, cuando 1.835.255 colombianas participaron en el plebiscito que cerró el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla y abrió el régimen bipartidista del Frente Nacional.
Más tarde, mediante la ley 54 de 1962, Colombia ratificó el Convenio 100 de la OIT de 1951 que hacía referencia a la igualdad en la remuneración laboral para hombres y mujeres por el mismo trabajo.
Hoy, la paridad en remuneración sigue sin ser una realidad en el país.
Durante los años sesenta surgieron varias organizaciones colombianas fruto de las rupturas con la militancia partidista y de los problemas económicos que enfrentaban las mujeres, especialmente las de recursos más bajos. Así, a finales de esa década surgió en Bogotá el Colectivo de Mujeres que participó activamente en jornadas a favor del aborto en 1979. Este grupo fue fundamental en la creación de la Casa de la Mujer en Bogotá, organización emblemática del feminismo en Colombia. Al mismo tiempo, en la Universidad Nacional de Bogotá surge el grupo Mujer y Sociedad que “una década después se institucionaliza como unidad académica que administra posgrados con énfasis en el género”, asegura el académico Mauricio Archila en ‘Aspectos sociales y políticos de las mujeres en Colombia, siglos XX y XXI’.
Paralelamente, alejadas de la izquierda y del ámbito académico, surgieron grupos de mujeres en sectores populares. El más destacado fue la Organización Femenina Popular de Barrancabermeja, la ONG de mujeres más antigua de Colombia, que luchó por oportunidades laborales igualitarias y se resistió a los grupos armados del ejército, la guerrilla y los paramilitares. Además, en 1978 se convocó al Congreso Panamericano de Mujeres Sindicalistas en Bogotá que, nueve años después, dio lugar al Primer Encuentro de la Mujer Trabajadora, organizado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.
Cuando se abrió la posibilidad de una Asamblea Constituyente durante el gobierno de Belisario Betancur, muchas mujeres aprovecharon el espacio para debatir sobre su participación. Sin embargo, de los 72 constituyentes solo cuatro fueron mujeres, y de estas solo dos, Aída Avella y María Teresa Garcés, se pronunciaron respecto a temas de género. A pesar de la escasa representación femenina, las mujeres desempeñaron un papel fundamental en la consolidación de la Constitución de 1991, un avance fundamental en la proclamación de igualdad, oportunidades y derechos entre géneros.
Sin embargo, temas más radicales de reproducción y sexualidad, como el aborto y el matrimonio homosexual, no fueron incluídos. Esto dio paso al despliegue de organizaciones, como la Red Nacional de Mujeres, que desarrollaron una agenda legislativa por la extensión de derechos sexuales y reproductivos. Más tarde, en 1996, surge la Ruta Pacífica de Mujeres, una organización creada a raíz de la situación de un pueblo del Urabá antioqueño en el que 70 por ciento de las mujeres habían sido violadas por algún actor armado. Actualmente, la Ruta es una de las organizaciones con mayor cobertura en región que ha concentrado sus esfuerzos en los impactos particulares del conflicto armado en las mujeres.
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