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A fines del siglo XVIII, la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores experimentaron profundos cambios. Un pujante crecimiento económico, comercial y demográfico cambió la fisonomía de la ciudad sumado al establecimiento de diversas autoridades e instituciones, producto de su proclamación como capital del Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, la afluencia de miles de inmigrantes de todo tipo -del interior, europeos, esclavos- pronto rebasó la infraestructura de la ciudad y numerosas personas quedaron a merced de caer en la pobreza. La instalación de la Real Audiencia en Buenos Aires en 1785 posibilitó a muchos de estos individuos empobrecidos dirigirse al máximo tribunal para ser declarados “pobres solemnes”. Cuando obtenían esta declaratoria lograban exceptuarse del pago de costas correspondientes a litigios judiciales en los que estaban involucrados en diversos juzgados inferiores. De esta manera, lograban defender su derecho a la justicia más allá de los contratiempos económicos que los aquejaban. Cientos de sujetos apelaron a este recurso: artesanos empobrecidos, ancianos, enfermos, jefes de familia numerosa, viudas, huérfanos, comerciantes venidos a menos, mujeres abandonadas o maltratadas por sus maridos, y otros más. Quienes accedían a este beneficio eran en su mayoría “españoles” pobres calificados de Don o Doña, quienes tenían residencia prolongada en la ciudad y contaban con testigos que ratificaron su honor y buena fama. Sin embargo, unos pocos individuos calificados como “negros” y “pardos”3 lograron presentarse ante la Real Audiencia -convertida en Cámara de Apelaciones en 1812- para reclamar ser declarados ellos también “pobres solemnes”.
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