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El efecto del acuerdo UE-Turquía no es retroactivo, por lo tanto, los refugiados aceptados como tales deberán ser reasentados en Europa. Sin embargo, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han afirmado que devolver a los llamados migrantes económicos es una cosa, pero una muy distinta es incluir en esos retornos masivos a víctimas de guerra (Abellán, 2016). Para Sanahuja (2016) existe un evidente interés político en agrupar a migrantes y refugiados por igual, de manera que las autoridades han apuntado a reducir las estimaciones de las víctimas de guerra en necesidad de refugio y, de esta forma, rehuir del cumplimiento del derecho a protección internacional.
En esta misma línea, el gobierno húngaro en 2015 construyó una barrera fronteriza entre Hungría y Serbia con el argumento del lento actuar de la UE ante la crisis de "inmigrantes ilegales" que pudiesen ser considerados postulantes a refugiados de guerra (El Universo, 2015). Mientras, Dinamarca aprobó una ley que permite confiscar los bienes a refugiados con el objetivo de costear su estancia en el país y aumentó el plazo de reunificación de los familiares. Estas acciones han sido denunciadas por ACNUR, manifestando que se trata de una flagrante violación de la Convención Europea de Derechos Humanos, a la Convención de Naciones Unidas sobre derechos del niño y de la Convención sobre Refugiados de Naciones Unidas. La confiscación también es aplicada en Suiza y estados alemanes federados de Baviera y Baden-Württemberg (BBC, 2016; Rojas, 2015).