mi papá no tiene la culpa de que su papá y el rector hagan tan aburrido este colegio y que muchos prefieren volarse a jugar maquinitas uno de estos días también lo voy a hacer yo digo Guillermo que pretendía Guillermo con tu comentario consideras que logró su propósito justifica tu respuesta
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Para muchos analistas políticos, la elección del próximo 6 de junio es, de alguna forma, un referéndum del presidente: está en juego su poder para reformar leyes en la Cámara de Diputados. El Senado no cambia, y aun ganando la cámara baja, el presidente tendría pocas posibilidades de cambiar la Constitución en los siguientes tres años.
En materia eléctrica, las reformas —iniciadas formalmente por el gobierno este año y reglamentariamente en 2018— buscan reimplantar un modelo de monopolio de Estado en el que el gobierno, mediante una empresa, se encarga de dotarnos a todos de energía. Del otro lado hay un modelo que pretende dar libertad al ciudadano y a las empresas para invertir y participar en la cadena de suministro eléctrico.
Antes que nada, hay que decir que el país tiene absoluta soberanía para decidir cuál de los dos modelos quiere implementar. ¿Es legítimo querer un modelo estatista? Sí, tan legítimo como querer un modelo de mercado; sin embargo, vale la pena dar elementos al elector sobre los defectos y virtudes de cada uno.
El modelo estatista obliga a que las inversiones se hagan con dinero del erario (del gasto público, de los impuestos). La capacidad del sistema para darnos energía dependerá de los recursos que el gobierno tenga para ello. Si en algún momento no hay recursos fiscales para las inversiones, el Estado tendrá tres opciones: subir los impuestos o las tarifas, recortar en otros gastos y/o endeudarse, o simplemente no hacer las inversiones y, por lo tanto, no brindar el servicio. Algo más: como el modelo estatista tiene a una sola empresa –un monopolio encargado de todo–, no hay competencia ni incentivos reales para ser más eficiente. ¿Puede un buen regulador generar incentivos? Es probable, pero la empresa monopólica del Estado y su inseparable poder político tienden a limitar de facto al regulador. Otro punto, también importante, es que las decisiones de infraestructura se basarán en una sola persona o un grupo pequeño que tomará las decisiones, probablemente con base técnica, pero también con consideraciones políticas. Después de todo, la empresa es parte del Estado y de la administración pública y, reitero, tiene un gran poder político.
¿Hay alguien que sea beneficiado por el modelo monopólico? Sí: quienes trabajan para esa empresa y quien desde ella puede ejercer poder político y control. Bajo estas premisas, el gobierno decide dónde se instala algo, dónde permite crecer la economía y dónde limita su crecimiento.