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LAS TENSIONES ENTRE EL MODELO ECONÓMICO Y EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991
La Constitución Política de 1991 consagró que, durante los tres primeros meses de cada legislatura, y de conformidad con la Ley Orgánica, el Congreso deberá discutir y expedir el Presupuesto General de Rentas y la Ley de Apropiaciones —artículo 349 de la Constitución Política de Colombia (CPC)— y que esta ley ha de ocuparse de un componente denominado gasto público social, el cual tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación, salvo en casos de guerra exterior o por seguridad nacional, precisando que "En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administratIVA, según reglamentación que hará la ley" [art. 350 de la CPC].
Este mandato constitucional sobre la política social genera tensiones muy fuertes en el seno del Estado,1 particularmente por parte de las instituciones del gobierno central que se ocupan del diseño y la ejecución de la política económica en concordancia con el modelo económico de internacionalización puesto en marcha desde los años noventa y de las instituciones que se ocupan de garantizar la observancia del espíritu y la letra de la Constitución Política que nos rige, principalmente la Corte Constitucional.