¿Qué documentos y acuerdos garantizan el derecho a la educación en nuestro país?​

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Respuesta dada por: yharold05acosta
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Respuesta:

Documentos y acuerdos: El derecho a la educación es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos.

  • La educación de calidad tiene por objeto el desarrollo completo de los seres humanos.
  • Esa enseñanza es una de las herramientas más poderosas para mejorar la condición social de los niños y adultos marginados, sacarlos de la pobreza e integrarlos en la sociedad. Los datos de la UNESCO muestran que si todos los adultos del mundo completasen la educación secundaria, el número de pobres podría reducirse en más del 50 por ciento.
  • La educación de calidad disminuye la brecha de género en beneficio de las niñas y las mujeres. Un estudio de las Naciones Unidas muestra que cada año de escolaridad reduce la probabilidad de mortalidad infantil de un 5 a un 10 por ciento.
  • Para que este derecho humano sea eficaz, es preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación obligatoria, que se puedan monitorear.
  • Educación primaria gratuita, obligatoria y universal
  • Enseñanza secundaria, incluso formación técnica y profesional, que sea ampliamente disponible, accesible a todos y de progresiva gratuidad
  • Educación superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad individual, y de progresiva gratuidad
  • Enseñanza básica para quienes no han completado su educación
  • Oportunidades de formación profesional
  • Una calidad homogénea en la educación mediante criterios mínimos
  • Formación y material didáctico de calidad para los docentes
  • Un sistema de becas y condiciones materiales adecuadas para el personal docente.
  • Libertad de elección

¿Cómo se garantiza el derecho a la educación?

El derecho a la educación se establece de dos maneras, mediante los instrumentos normativos internacionales y mediante el compromiso político de los gobiernos. Existe un marco internacional, sólido formado por convenios y tratados, para proteger el derecho a la educación, y los Estados que lo suscriben se comprometen a respetar, proteger y cumplir con este derecho.

La UNESCO elabora, supervisa y promueve normas y criterios educativos a fin de garantizar el derecho a la educación en la esfera nacional y fomenta la consecución de los objetivos de la Agenda de Educación 2030. También se esfuerza por garantizar que las obligaciones legales de los Estados se reflejen en los marcos jurídicos nacionales y se traducen en políticas específicas.  

  • El apoyo a los Estados para que establezcan marcos nacionales sólidos que sienten las bases legales y las condiciones de una educación de calidad sostenible para todos.
  • La promoción de los principios y las obligaciones legales relativos al derecho a la educación mediante investigaciones y estudios sobre sus aspectos fundamentales.
  • El mantenimiento de herramientas  en línea mundial sobre el derecho a la educación.
  • El fomento de capacidades, los mecanismos de presentación de informes y la sensibilización sobre problemas esenciales.
  • La creación de asociaciones y redes en torno a los temas principales.
  • Los instrumentos internacionales de derechos humanos han creado un marco normativo sólido para el derecho a la educación. No se trata de una declaración de intenciones vacía, porque sus cláusulas son jurídicamente vinculantes. Todos los países del mundo han ratificado al menos un tratado que abarca determinados aspectos del derecho a la educación. Esto significa que todos los Estados deben rendir cuentas, a través de dispositivos jurídicos.
  • El cumplimiento obligatorio del derecho a la educación: En el plano internacional, los mecanismos de derechos humanos son competentes para recibir denuncias individuales y de esa manera han logrado solucionar incumplimientos en lo relativo al derecho a la educación.
  • La justiciabilidad del derecho a la educación: Donde el derecho a la educación ha sido atacado, los ciudadanos deben ser capaces de disponer de recursos legales ante las cortes penales o los tribunales administrativos.
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