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El Salvador enfrenta un sinnúmero de desafíos en materia de derechos humanos y desarrollo que exigen una agenda de políticas públicas, orientaciones estratégicas y reformas legales que ajusten de manera sistémica capacidad estatal de entregar servicios de calidad a la población, generar oportunidades de vida digna y garantizar la protección de los derechos de cada quien.
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