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El ejemplo que aporta Cordero forma parte de un sinfín de situaciones en las que el punto de partida para las mujeres se sitúa por detrás. Una situación injusta a todas luces, complicada de compensar. Porque para que se identifique como discriminación debe haber voluntad intencionada de perjudicar. Y eso, a veces, “es difícil de verificar, dado que se utilizan formas veladas para hacerlo. Además, el sistema de sanciones tanto económicas como administrativas que existen son limitadas, de modo que su aplicación apenas surte efecto”, continúa Urteaga. Esa desventaja inicial es lo que Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), considera el quid de la questión en materia de políticas de discriminación positiva: “El principio de igualdad no significa que debamos tratar a todos de la misma manera, sino que una situación desigual se ha de manejar de modo no equitativo con el fin de corregir el desequilibrio inicial”.