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Respuesta: La pobreza es la privación de un bien-estar, es no tener una vivienda digna donde refugiarse, estar enfermo y no recibir los cuidados necesarios, trabajar en condiciones insalubres, no tener la oportunidad de ir a la escuela, entre otras muchas situaciones. Esto marca un alto nivel de vulnerabilidad frente a la garantía de derechos fundamentales. De manera particular, en América Latina y el Caribe, la pobreza tiende a estar íntimamente relacionado con la discriminación y la desigualdad. Es por esto que, toda política de reducción de pobreza en la región debe reconocer estos fenómenos y plantear acciones positivas para contrarrestarlos y no mantenerse neutral ante los mismos.
La pobreza es causa y consecuencia de violaciones de derechos humanos. Las personas empobrecidas están expuestas a que sus derechos sean frecuentemente desconocidos. Por lo general se enfrentan a un círculo de estigmatización, segregación y discriminación que compromete las garantías de sus derechos a la igualdad y a la vida digna. Del mismo modo, las personas históricamente discriminadas tienden a estar sobrerrepresentadas en el grupo de personas con menores ingresos. Esto, por cuanto las dinámicas de la pobreza también están mediadas por factores de discriminación que influyen en la exclusión de las mujeres, de afros, indígenas, personas con discapacidad, LGBT, entre otros. Ello determina dos cosas: i) que las personas que pertenecen a grupos minoritarios tengan mayor probabilidad de caer en círculos de pobreza y; ii) que existe una mayor desprotección de los derechos de los grupos minoritarios que viven en la pobreza.
Por ejemplo, el informe sobre pobreza multidimensional de Progreso Multidimensional: Bienestar más allá del ingreso (2016), indica que muchos miembros de los más de 400 grupos indígenas de la región sufren carencias sistémicas que les hacen difícil alcanzar el nivel de las personas no indígenas. Se afirma que en Guatemala, los niños y niñas no indígenas van a la escuela el doble de años que sus pares indígenas. En Bolivia, Ecuador, Perú y México, los niños y niñas no indígenas cursan entre dos y tres años y medio más de estudios que los que son indígenas. Considerando la importancia de la educación como un factor principal de la movilidad socio-económica, estas limitaciones suponen una afectación grave al derecho a la educación de los niños y niñas indígenas con directas repercusiones en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
En materia de desigualdad, el informe más reciente de la CIDH sobre Pobreza y Derechos Humanos (2017) reporta que en el 2014, en América Latina, el 10% de la población acaparaba el 71% de la riqueza, en comparación con la mitad de la población que se encontraba en situación de pobreza, quienes solamente habrían acumulado el 3.2%. En ese contexto, y en términos más específicos, solo el 1% de la población poseía el 40% de la riqueza.
Así también, en el último informe de la CEPAL Panorama Social de América Latina 2016 se había reportado que, a pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos para disminuir la desigualdad, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigualdad del mundo. Esto coincide con el informe de PNUD (2016), en el que se afirma que 10 de los 15 países más desiguales del mundo se encuentran en la región.
Frente a esta problemática y la tendencia de la concentración de la riqueza, resulta indispensable que los Estados de la región, al momento en que se estructuran medidas de desarrollo humano, tengan en cuenta los riesgos de desvío de los recursos de política social y la mayor vulnerabilidad de los grupos minoritarios. Por un lado, la estructuración de controles fiscales más rigurosos del gasto público y una activa participación de la población empobrecida podría limitar el desvió de los recursos destinados a la reducción de la pobreza. La limitada capacidad que tiene este segmento de la población para denunciar y/o hacer veeduría ciudadana a la correcta ejecución de los recursos destinados a programas sociales, facilita el manejo irregular de los mismos. Por ello es necesario poner al alcance de todas las personas, un sistema de información efectivo para que estén enterados de estos recursos, así como procedimientos claros y expeditos de denuncia frente a casos de corrupción. Se trata entonces de un sistema de control en doble vía, con acciones concretas por parte del Estado y que comprometan a la ciudadanía a contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de vida.
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