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Respuesta:
A Felicinda Santamaría la asesinaron en su casa el 3 de julio de 2018. En 2016 la habían nombrado presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Virgen del Carmen, de la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó.
Desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), ahora convertida en partido político, el asesinato de líderes sociales no ha cesado en Colombia. Si bien no existe una cifra confiable de los asesinatos ocurridos desde finales de 2016 hasta este 2019, los números divulgados dan idea de la magnitud y sistematicidad de este asunto: Para 2018, la Defensoría del Pueblo denunció el asesinato de 164 líderes y lideresas sociales, cifra que se suma a los 126 asesinatos de 2017 y a los 133 de 2016, registrados por esta entidad.
Muchos de los líderes y lideresas asesinados en Colombia tenían un liderazgo múltiple, es decir, participaban en varias organizaciones sociales, a la vez que asumían de forma simultánea diversas actividades en su comunidad. Estos líderes también tenían un profundo arraigo local y el liderazgo que ejercían fue determinante para que sus vidas fueran arrancadas de forma violenta.
Respuesta:
así, a la habitual estigmatización de los líderes sociales, el Gobierno parece haber añadido la banalización de los asesinatos. Frente a lo primero, ya lo había descrito muy bien Antonio Sanguino en una columna publicada el 27 de junio del año pasado: “Los discursos del uribismo justifican la violencia contra líderes y excombatientes”. En su columna, el senador Sanguino daba algunos ejemplos de los discursos de funcionarios del Gobierno y de miembros del Centro Democrático que vinculaban los asesinatos de líderes sociales al narcotráfico. Y finalizaba diciendo que el presidente Duque no podía “guardar silencio cómplice con los discursos que desde su partido justifican la violencia contra líderes y excombatientes, que en muchos casos constituyen la antesala de los asesinatos”.
Explicación:
Estigmatización, silencio cómplice y, ahora, banalización. Con sus declaraciones, la ministra está desconociendo que —a diferencia de lo que ocurre con las personas a las que asesinan por robarles un celular— existe un plan sistemático para asesinar a los líderes sociales. Nadie niega que hay que defender la vida, así, a secas; sin embargo, al poner todos los asesinatos en un mismo saco, el Gobierno está desconociendo el carácter político de muchos de ellos. Y, al mismo tiempo, está demostrando que no tiene una estrategia para defender a los líderes sociales, tal como lo afirmó Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas, sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos.