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La democracia no es sostenible en el tiempo en sociedades donde la corrupción define las normas de negociación, Venezuela es un ejemplo concreto de esta realidad. No sin equivocarse, Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional afirmó: “La corrupción es el talón de Aquiles de la democracia”. Y sin democracia no puede desarrollarse la economía de mercado, fundamentada en el derecho de elección de los consumidores y el derecho inviolable a la propiedad privada.
La corrupción es uno de los peores males que azota a la humanidad y es una amenaza latente para las democracias latinoamericanas. Desde el entorno de los derechos humanos, la corrupción es el principal obstáculo para que una sociedad goce de los privilegios de protección de sus derechos, precisamente porque erosiona las instituciones que los garantizan. Asimismo, los sistemas políticos corruptos niegan la posibilidad de la participación democrática, porque la esencia de este flagelo social es acrecentar los derechos y privilegios de pocos en detrimento de muchos.
La corrupción tiene tan innumerables efectos nocivos en las sociedades, que incluso pone en riesgo la supervivencia biológica, cuando le niega la asistencia médica a los enfermos, porque un grupo de personas se ha apropiado del presupuesto e insumos destinados a ese fin. En las sociedades corruptas todo cuesta más, por los intrincados eslabones de un tejido de relaciones de intermediarios que para construir una autopista, un hospital o una escuela cobran comisiones ilegales que reducen la eficiencia económica y la productividad, especialmente porque las obras públicas tardan más en realizarse de lo que deberían en condiciones de transparencia y en muchos casos se realizan con insumos de mala calidad, afectando así a miles o millones de personas en beneficio de unas pocas.
Se puede afirmar que la corrupción impone amenazas a la democracia, al crecimiento económico y al estado de derecho, porque genera todo tipo de costos y derroche de recursos. Por ejemplo, la compra de votos, el reparto de subsidios a las clases marginadas de la sociedad a cambio de favores políticos, acciones que deslegitiman los poderes públicos y generan costos en la economía, desacreditando al Estado y la democracia.