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ientras el país sigue embarcado en las discusiones sobre aspersión aérea, Sí o No, no sorprende que entre los resultados del primer año del gobierno pocos se hayan percatado del cambio de tendencia en la evolución del área bajo cultivos ilícitos que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), pasó de 171.000 hectáreas en 2017 –máximo histórico– a 169.000 en 2018.
Aunque luce modesto, el resultado es monumental dada la dificultad que implica, en un periodo tan corto, romper la inercia de crecimiento anual observada desde 2012 (30,5 por ciento en promedio). Visto así, el esfuerzo es solo comparable con lo sucedido en el inicio del Plan Colombia en 2000, aunque ahora, con mayor mérito, sin aspersión aérea.
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