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Defender los derechos humanos en el contexto del terrorismo y la lucha contra el terrorismo
Como afirmé al principio de este informe, asegurar la defensa de los derechos humanos es un elemento inherente y esencial de cualquier estrategia de lucha contra el terrorismo. A lo largo de las secciones anteriores se han hecho propuestas sobre la forma de salvaguardar los derechos humanos. Esta sección está dedicada específicamente a los derechos humanos para hacer hincapié en otras consideraciones importantes al respecto que deben tenerse plenamente en cuenta e incorporarse en la lucha contra el terrorismo.
En la resolución 54/164 de la Asamblea General, los Estados Miembros reiteraron su condena inequívoca de los métodos y prácticas de terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, por ser actividades cuyo objeto era la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia. En la misma resolución, los Estados Miembros reconocieron una vez más que esos actos constituían una amenaza para la integridad territorial y la seguridad de los Estados, desestabilizando a gobiernos legítimamente constituidos, socavando la sociedad civil pluralista y redundando en detrimento del desarrollo económico y social de los Estados. Ningún fin justifica los ataques intencionados contra civiles y no combatientes. Los actos terroristas son una violación del derecho a la vida, la libertad, la seguridad, el bienestar y el derecho a vivir sin temor. Por consiguiente, los Estados también tienen la obligación, desde el punto de vista de los derechos humanos, de adoptar y aplicar medidas eficaces para combatir el terrorismo.
. Al mismo tiempo, al luchar contra el terrorismo nunca debemos sacrificar nuestros valores ni ponernos a la altura de los terroristas. La cooperación internacional para combatir el terrorismo debe llevarse a cabo respetando plenamente el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y los convenios, convenciones y protocolos internacionales pertinentes. Los Estados tienen el deber de asegurar que todas las medidas adoptadas para combatir el terrorismo se ajusten a sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, en especial las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho internacional humanitario.