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Internet abrió el paso a esas nuevas formas de delincuencia común y organizada que pone en riesgo la información privada, la seguridad en la navegación y de las instituciones públicas y privadas.
La Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado registró 626 denuncias por delitos informáticos desde el 10 de agosto del 2014 -cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP)- hasta el 31 de mayo del 2015. A partir del COIP se tipifica este tipo de delitos.
En el COIP se sancionan los delitos informáticos, cuyos actos se comenten con el uso de tecnología para violentar la confidencialidad y la disponibilidad de datos personales. Estos actos que se registran a través de la Internet son: fraude, robo, falsificaciones, suplantación de identidad, espionaje, clonación de tarjetas de crédito, entre otros.
Según el fiscal provincial de Pichincha, Wilson Toainga, las investigaciones referentes a los delitos informáticos se realizan de forma técnica y demanda tiempo para establecer la responsabilidad de aquellos que quebrantan la ley sentados frente a un monitor.
El fiscal Edwin Pérez, especialista en delitos informáticos, indicó que en Ecuador existen dificultades durante la investigación de delitos propiciados por el uso de la tecnología, por cuanto la información cruzada a nivel de redes sociales o cuentas de correos electrónicos no se encuentra en el país.
“Los grandes proveedores de las redes sociales y generadores de los sistemas informáticos como Google, Facebook, Yahoo, entre otros, tienen los bancos de datos de sus usuarios en Estados Unidos, y solicitar esa información puede demorar meses”, dijo el fiscal Pérez.
Un inconveniente para la investigación radica en que Ecuador no cuenta con convenios internacionales que faciliten el cruce de datos informáticos -como los que existe entre Estados Unidos y Europa-. Por ello, hay complicaciones en detectar las cuentas o las direcciones IP desde las que se habría realizado el ataque o la sustracción de información personal ante las formalidades y la virtualidad de los procesos puede tardarse meses.
Uno de los casos de delito informático se registró en mayo del 2014, Diana (nombre protegido) se preguntaba: “¿Cómo consiguieron mis datos?”. Solo recuerda que ingresó sus datos para realizar una compra por Internet, porque se ofrecían descuentos en productos de belleza. Lo único cierto es que la persona que usó su información le endeudó en 2.500 dólares, a través de débitos de su tarjeta. Su caso es investigado por la Fiscalía.
En el caso de Diana, si hubiese estado vigente el COIP y se descubriera a la persona que robó sus datos, este podría recibir una pena de uno a tres años de cárcel.
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