• Asignatura: Física
  • Autor: ivanferrer295
  • hace 2 años

¿Qué poderes o autoridades son los que de encargan de aplicar la ley?​

Respuestas

Respuesta dada por: victorestebancarrasc
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Respuesta:

La estructura de la integridad electoral se edifica sobre los cimientos institucionales establecidos en el marco legal y se compone de diversas agencias y organizaciones con mandatos para la supervisión de aspectos específicos del proceso electoral.

Los principales actores institucionales en una elección son:

los responsables de la política y la administración electoral, es decir, el organismo electoral;

los organismos de supervisión;

los partidos políticos y candidatos que contienden en las elecciones;

los grupos con interés en el resultado electoral y que tratan de influir en él;

los observadores electorales independientes;

los medios de comunicación y la prensa; y,

las agencias de vigilancia y aplicación de la ley, incluyendo las agencias de investigación, procuradores y las cortes.

Los roles de estas instituciones en el mantenimiento de la integridad electoral se discuten en las siguientes secciones.

Es importante que los roles de cada institución involucrada en mantener la integridad electoral se definan perfectamente en el marco legal. En resumen, una clara división de poderes y un sistema robusto de pesos y contrapesos pueden ayudar a mantener una supervisión efectiva. Tal como se discutió en el apartado de Principios guía, por ejemplo, si a la autoridad electoral se le confieren demasiados roles (potencialmente contradictorios) —como redactar el anteproyecto de una legislación, aplicar y hacer cumplir la ley, y además actuar como corte de última instancia para asuntos electorales— habrá pocas revisiones institucionales efectivas sobre sus actos.

Una de las principales preguntas institucionales es si se debe tener o no una autoridad electoral independiente. En las democracias emergentes, o en los países en transición que tienen una historia de dominio unipartidista o régimen autoritario, la creación de una comisión electoral independiente se considera como una medida vital para garantizar la administración imparcial de las elecciones y para contribuir a generar confianza entre los electores y los partidos.[1]

Al mismo tiempo, los beneficios de una administración electoral independiente se basan, en gran medida, en la percepción; es así que una comisión electoral independiente primero debe probarse a sí misma antes de lograr mejoras duraderas en la imagen de las elecciones. El establecimiento de una comisión independiente no es, en sí, garantía de un proceso electoral exitoso.

Si los actores políticos y de la sociedad civil más importantes están de acuerdo en el tipo de marco institucional que se debe adoptar, el resultado será una estructura para la administración electoral más confiable. Si no existe un acuerdo, el descontento y la falta de confianza pueden surgir y contaminar de manera continua todo el proceso. Como se señaló anteriormente, debido a que algunas cuestiones se deben resolver mediante votación por parte de la autoridad electoral, la selección de quien la preside la comisión requiere de cuidado y atención especial. La confianza puede incrementarse, si se elige la presidencia, de tal manera que los diversos poderes del gobierno y los sectores socio-políticos participen en la selección.

Explicación:

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