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El Estado Social de Derecho es el marco jurídico político propuesto en la Constitución de 1991, dentro del cual los colombianos pretendemos construir unas nuevas relaciones con la naturaleza, basados en principios y valores como la vida, prevalencia del interés general sobre el particular, solidaridad, protección de las riquezas culturales y naturales, dignidad humana y participación ciudadana. Los conflictos ambientales presentan hoy un nuevo reto para los juristas, puesto que para su comprensión, desarrollo y propuesta de soluciones, son necesarios un marco jurídico general y unas normas de derecho ambiental, así como también principios y valores consagrados en la Constitución y en otros instrumentos internacionales ratificados por Colombia. La participación de una ciudadanía informada, formada y deliberante, en la resolución de los conflictos ambientales y en las decisiones que se tomen sobre el medio ambiente, generará una opinión pública dinámica que interpelará a sus gobernantes, cogestionará sus propios proyectos y promoverá unos valores diferentes a los alimentados por las sociedades del consumo y del individualismo propietarista de los estados de hoy.