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(Caracas, 27.04.17, CivilisDDHH). Diversas organizaciones de la sociedad civil se han activado en defensa de la democracia, acompañando a todos los ciudadanos en el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica y asociación, como derechos en sí mismos y medios legítimos para participar pacíficamente en la restitución del orden constitucional democrático, el cual fue quebrantado por la imposición de un estado de excepción desde enero del año 2016, la suspensión indefinida de elecciones, la anulación de las competencias del parlamento, el recrudecimiento del hostigamiento y la persecución contra toda disidencia, y la negativa a permitir asistencia humanitaria internacional ante las extremas condiciones generales de pobreza, hambre y desatención a la salud que enfrenta la mayoría de la población venezolana. Al tomar este camino, el gobierno decidió dar un golpe definitivo a la democracia.
La democracia garantiza no ser subyugados por el uso ilegítimo de los poderes del Estado ni ser sometidos a la violencia que acompaña su perpetuación.
La democracia está protegida internacionalmente como base del estado de derecho y de la organización del Estado. Son sus normas esenciales el ejercicio democrático del poder político, el respeto a las libertades cívicas y el pleno vigor de una institucionalidad democrática. Aun surgidos de elecciones, los gobiernos pueden quebrantar estas normas cuando se usan los poderes del Estado para imponer sus ideas como la única verdad y torcerla en función de los intereses que se esconden detrás de estas ideas, cuando se convierte a las personas en instrumentos de los intereses de quienes usufructúan el Estado, sometiendo a su autorización el ejercicio de libertades, y cuando las diferencias o los conflictos son tomados como amenazas a la voluntad estatal, que deben ser censurados, neutralizados o escarmentados para que no quede duda de quién ejerce la autoridad. Cuando estas conductas se mantienen a toda costa, a cada abuso siguen controles y a cada control otros abusos, hasta desfigurar al Estado como un medio de dominación