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Llegado el siglo XVIII, el poder administrativo del rey estaba firmemente establecido en las provincias, a pesar de las protestas de los parlamentos locales. Además de su papel como tribunales de apelación, los parlamentos regionales habían ganado el privilegio de registrar los edictos del rey, y presentar a este quejas formales sobre tales edictos; de este modo, los parlamentos habían adquirido una cierta función de voz representativa (más que de su región, de la propia clase de los magistrados). En caso de negativa a registrar un edicto (lo que solía ocurrir en asuntos fiscales) el rey podía imponer su registro mediante un recurso real llamado lit de justice.
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