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Respuesta:
El gobierno Duque tiene dos posibilidades jurídicas concretas y efectivas para avanzar en el reconocimiento y la garantía de los derechos del campesinado.
Primero, el presidente podría apoyar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, aprobada por la Asamblea General en noviembre de 2018. Esta declaración, aunque no es obligatoria, es muy importante, pues sistematiza los derechos especiales del campesinado como sujeto social, el cual enfrenta vulnerabilidades en un mundo globalizado que amenaza sus formas de vida.
El gobierno Duque se abstuvo de votar favorablemente esa declaración, sin explicar nunca satisfactoriamente esa decisión. Cuando las organizaciones campesinas le han pedido que exprese ahora su apoyo, el Gobierno ha respondido que no puede hacerlo, pues la declaración no es un tratado, por lo cual no podría ratificarla.
Esa respuesta es una leguleyada inaceptable. Es cierto que una declaración de la Asamblea General de la ONU no es un tratado y no prevé formas rituales de ratificación. Sin embargo, eso no impide que un Estado que se abstuvo de apoyar una determinada declaración pueda expresar ulteriormente que cambió su visión y ahora la apoya. Un ejemplo: Canadá no solo se abstuvo, sino que se opuso en 2007 a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero luego la aprobó y apoyó formalmente en Naciones Unidas en mayo de 2016. No hay, pues, obstáculos jurídicos para que el Gobierno apoye la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos. Si no lo hace es porque no quiere.
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