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La crisis de diciembre de 2001 en Argentina, o crisis de 2001, también referida como el Cacerolazo, el Argentinazo, o habitualmente simplificada en Argentina como el 2001, fue una crisis política, económica, social e institucional, potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema «¡Que se vayan todos!»,2 que causó la renuncia del entonces presidente de la Argentina Fernando de la Rúa, dando lugar a un período de inestabilidad política durante el cual cinco funcionarios ejercieron el Poder Ejecutivo Nacional. Sucedió en el marco de una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política. Durante la crisis fueron asesinadas por agentes de seguridad del Estado y privados, 39 personas, entre ellas siete niños de entre trece y dieciocho años. El desencadenante inicial de la crisis fue la imposición del «Corralito», el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo.6 Esto impactó sobre todo en la clase baja, mayormente no banca rizada, y la clase media que se vio fuertemente restringida para sus movimientos económicos. El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general, y simultáneamente comenzaron a producirse estallidos violentos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes, robos de camiones en las rutas, robos comunes y cortes de calles en las ciudades. La revuelta derivó en un estallido social generalizado la noche del 19 de diciembre de 2001,7 inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del Estado de sitio, provocando la salida a la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos, y se extendió toda la noche y el día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes, 39 de los cuales fueron asesinados. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron auto convocadas y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social estructurada. El 20 de diciembre a las 19:37 De la Rúa renunció y dejó la Casa Rosada en helicóptero. Durante los siguientes doce días se produjo una alta inestabilidad institucional que llevó también a la renuncia del presidente sucesor Adolfo Rodríguez Saa. El clima de inestabilidad social y económica, así como el desconocimiento generalizado de legitimidad a los representantes políticos, se extendería en los años siguientes. Las manifestaciones en la calle continuaron durante varios meses y se organizaron mediante asambleas populares en las cuales los manifestantes debatían y tomaban decisiones con la pretensión de que se realizara una refundación política que permitiera una mayor participación de la ciudadanía y control de los representantes