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El crecimiento de los cultivos de amapola, vinculado al tráfico de heroína con destino a los Estados Unidos, ha sido parte del debate sobre seguridad previo a las elecciones presidenciales en México. Según las Naciones Unidas, el país es el tercer mayor productor a nivel mundial, luego de Afganistán y Myanmar (donde también se registraron ascensos). Según la Secretaría de la Defensa Nacional, en 2017 los militares reportaron el hallazgo de 28,221 hectáreas sembradas con amapola, un repunte en comparación con las 22,235 hectáreas de 2016. Este crecimiento se ha dado a la par del alza en los niveles de violencia en las zonas de cultivos y la competencia de múltiples estructuras criminales por el control del negocio.
La expansión de cultivos ilícitos no es una preocupación exclusiva de México. En Afganistán, un reciente informe de las Naciones Unidas señaló que los cultivos de adormidera pasaron de 201.000 hectáreas en 2016, a 328,000 en 2017. En cuanto a la producción de coca, en 2017 Colombia habría registrado un ascenso notable en el número de hectáreas, superando las 180,000 (40,000 más que en 2016). Para cada caso no hay una única explicación sobre el crecimiento, aunque sí varios rasgos comunes que contribuyen a entender el surgimiento y la expansión de los cultivos ilícitos.
Aunque la preocupación principal suele dirigirse al aumento en el número de hectáreas, éste es un indicador insuficiente para entender la dinámica de los cultivos y sus verdaderos impactos. Las zonas que desarrollan una dependencia con los cultivos ilícitos suelen ser caracterizadas por bajos niveles de presencia efectiva del Estado, con una limitada provisión de bienes y servicios, bajos niveles de inserción a la economía legal, alta vulnerabilidad social y falta de control por parte del gobierno. Muestra de ellos son los casos de Afganistán, México y Colombia, donde el problema de los cultivos no solo es un asunto que afecta la seguridad, sino que está íntimamente ligado al desarrollo.
Si bien hay un reconocimiento creciente de esta situación, los esfuerzos se siguen dirigiendo a afectar la oferta —a través de la destrucción de los cultivos—, con la expectativa de tener un impacto negativo en la demanda, a través del aumento sostenido en los precios y la reducción en el consumo de drogas (una meta que, dicho sea de paso, rara vez se ha conseguido).
Las medidas aplicadas en los distintos países no tienen grandes variaciones. Por un lado se encuentra la erradicación forzada, con operaciones de aspersión área y erradicación manual; por el otro, los programas de sustitución de cultivos ilícitos, que implican una participación activa de comunidades que se comprometen a hacer el tránsito hacia una economía legal con el apoyo del Estado.
Hay un debate abierto sobre cuáles de estas alternativas son las más efectivas y cuáles son sus impactos. En este artículo buscamos contribuir a esta discusión, señalando lo que sabemos —y no sabemos— sobre las respuestas para hacer frente a los cultivos ilícitos, a partir de la escasa literatura y evidencia disponible.
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