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CAPITULO VII
DERECHO A LA VIDA
El derecho a la vida, que protege y defiende la existencia del ser humano, es sin duda, base y sustento de los demás derechos. De allí que la mayor incidencia en la violación de este derecho, donde quiera que tenga lugar, es un indicativo de la verdadera gravedad de la situación de los derechos humanos en un país. El derecho más lesionado por la situación de violencia que afecta a la República de Colombia, como lo demuestran las cifras contenidas en el presente informe, es precisamente el derecho a la vida. Para ilustrar comparativamente la gravedad de este problema, la mayor parte de los organismos nacionales e internacionales que estudian la situación colombiana de los derechos humanos han destacado en sus informes, como ejemplo, que en el año 1989 la violencia política llegó a tal extremo que en ese sólo año, cobró igual número de muertes de las que ocurrieron durante los 16 años de la dictadura militar en Chile, que de acuerdo con datos de la Vicaría de la Solidaridad de ese país, fue de 929 desaparecidos y 2,059 asesinados. El ejemplo citado es, en efecto, dramáticamente ilustrativo, pero la situación en Colombia es aún peor. En el año anterior, 1988, se registraron 4,204 muertes por razones presuntamente políticas, es decir, mil muertos más y en el año 1991 siguiente, ocurrieron por la misma razón 3,742; la situación no parece mejorar ya que, en el primer semestre de 1992, el número registrado de enero a junio es de 1,870, manteniendo el porcentaje de violaciones a este derecho en niveles de atrocidad inaceptables y, además, revela un hecho verdaderamente penoso: cuán traído a menos, desprotegido y amenazado se encuentra el derecho a la vida en Colombia.
Si bien la Comisión no pretende, en el estudio de las violaciones a este derecho, agotar el tema ni menos pretender considerar todos los hechos ocurridos sobre esta materia, presentará en adelante algunos casos que pueden resultar explicativos del problema.
A. NORMAS LEGALES VIGENTES RELACIONADAS CON EL DERECHO A LA VIDA
Las normas internacionales contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las nacionales, contempladas en la nueva Constitución Política de la República de Colombia de 1991, que protegen, defienden, y sancionan las violaciones al derecho a la vida
B.FORMAS COMO SE VE AFECTADO ESTE DERECHO
Un testimonio de la manera como en la actualidad el pueblo de Colombia ve afectada la situación del derecho a la vida en su país, fue proporcionada a la Comisión Especial de la CIDH por los miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, durante su visita a Colombia del mes de mayo de 1992. De acuerdo con dicho testimonio: " No hay día alguno durante el cual el derecho a la vida no sea violado. Campesinos, obreros, estudiantes, trabajadores, jueces, periodistas, funcionarios, padres de familia, jóvenes, ancianos, soldados, policías, profesionales, religiosos, comunistas, indigentes, delincuentes, liberales, conservadores y gentes sin partido. Nadie se salva de caer bajo las balas asesinas. A cualquier hora y en cualquier lugar se cometen masacres indiscriminadas, se presentan capturas ilegales contra hombres y mujeres sacados de sus residencias y que más tarde serán encontrados muertos en cualquier paraje de nuestra ciudad. Ahora se viene imponiendo nuevamente una práctica criminal y salvaje, el de convertir en N.N. a los cadáveres de los asesinados mediante la destrucción de los cuerpos de las víctimas sometidos a torturas, amputaciones, incineración de la piel y toda clase de atropellos inimaginables por cualquier mente sana.
C.DENUNCIAS RELATIVAS A ESTE DERECHO
Para mejor tratar el problema del derecho a la vida, el presente capítulo ha sido dividido en 4 secciones: a) ejecuciones arbitrarias extrajudiciales y/o asesinatos selectivos; b) los asesinatos colectivos y/o masacres; c) actos de genocidio, y d) desaparaciones forzadas de personas.
Las denuncias recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones al derecho a la vida, presuntamente ejecutadas en forma directa, indirecta o con la colaboración de agentes del Gobierno de Colombia, o en los que de alguna manera le corresponde responsabilidad, que se han considerado o tramitado, de conformidad con las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su Estatuto y su Reglamento
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