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Desde que comenzó el siglo, Perú ha elegido a cinco presidentes por el voto popular. Todos ellos han sido condenados o enfrentan procesos en la Justicia. Alberto Fujimori purga una pena de 25 años por crímenes de lesa humanidad.
El resto de los presidentes han estado involucrados en escándalos de corrupción. Alejandro Toledo, quien goza de libertad bajo fianza en Estados Unidos, tiene un pedido de extradición por dos procesos en los que se le acusa de haber recibido hasta 35 millones de dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht. Ollanta Humala afronta en libertad condicional un proceso que investiga el lavado de activos.
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Alan García, quien había sido acusado de recibir cerca de 24 millones de dólares también de Odebrecht, decidió quitarse la vida en abril de 2019 ante el avance del proceso judicial. Por último, Pedro Pablo Kuczynski, que había sido ministro de Economía durante la gestión de Toledo, también fue acusado de recibir coimas de parte de la constructora brasileña y cumple arresto domiciliario.
Esa larga trama de escándalos de corrupción, que ha venido degradando al sistema político peruano en los últimos 25 años, acaba de tener su desenlace con la sucesión de tres presidentes en apenas ocho días.
"La actual inestabilidad política es el detonante una crisis tan larga como profunda", dice Paula Muñoz Chirinos, profesora del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, en Lima. "Desde mediados de los años 90, hay una crisis de representación en Perú: colapsó el modelo de partidos y no se han construido otros, con lo que solo quedaron estructuras muy flexibles configuradas en torno a personas".
Ese contexto incentiva la inestabilidad en un país que tiene, en la práctica, un sistema semi parlamentario de gobierno. Solo con el 20% de los congresistas, se puede pedir una moción de vacancia al presidente; con el 40%, puede admitirse esa propuesta y con el 66%,