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En Perú, el presidente Martín Vizcarra destituyó de facto al Congreso y en respuesta el Congreso lo destituyó a él y tomó protesta, para remplazarlo en el cargo, a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien al no contar con respaldo de las fuerzas armadas renunció casi de inmediato. Vizcarra sigue al mando de Perú y si el Poder Judicial no resuelve algo distinto habrá elecciones para nombrar a un nuevo Parlamento.
La crisis que enfrenta el país andino no surgió por generación espontánea, se enmarca en consecutivos escándalos de corrupción que azotan a la clase política de la región latinoamericana. El caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht es el asunto neurálgico que ha generado la tensión peruana que hoy se expresa con el cruce de destituciones, cárcel a exfuncionarios y el emplazamiento a recomponer las fuerzas del fujimorismo (opositor a Vizacarra) en el Congreso.
Son muchos los involucrados en presunto lavado de dinero o vínculos con pagos indebidos de Odebrecht. La excandidata Keiko Fujimori está en prisión preventiva por presunto lavado de dinero en esta trama; el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, electo en el 2016, tuvo que renunciar al gobierno con menos de dos años en funciones por el mismo tema; y su predecesor, Alan García, fue acusado de conductas similares con esa empresa (presuntamente recibir dinero para favorecer contratos de obra), lo que derivó en que se suicidara el 17 de abril pasado cuando iba a ser detenido. Quien fue presidente del Perú antes que García, Alejandro Toledo, está hoy en una prisión de California acusado de lo mismo y de ahí viene el escándalo del expresidente Kuczynski. Odebrecht habría hecho pagos a empresas vinculadas a este último cuando era él funcionario en el gobierno de Toledo.
Al menos una década en donde políticos del más alto nivel, de distintos partidos, incluidos tres expresidentes y una candidata presidencial, habrían participado en la corrupción elemental, en sobornos o comisiones a cambio de orientar los recursos públicos, aprovechando su encargo, para favorecer a una transnacional con millonarios contratos.
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